La Comunidad de Madrid ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el nuevo impuesto temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas implantado por el Gobierno central de Pedro Sánchez, una iniciativa donde solicita la «suspensión cautelar», según ha avanzado tras la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio.
La base del recurso, según Ossorio, pasa por que se considera que el tributo estatal ya en vigor invade las «competencias fiscales y financieras de las CCAA recogidas en la Carta Magna». Según Ossorio, el tributo «está mal montado se mire por donde se mire», aunque ha desconfiado de que prospere la suspensión cautelar, según ha admitido.
Además, el consejero ha manifestado que, en base a la inversión internacional, el nuevo impuesto podría provocar pérdidas de 5.000 millones de euros en ingresos, un dinero que se destina a financiar servicios públicos.
En los fundamentos jurídicos sobre los que se desarrolla el recurso al Alto Tribunal, el Ejecutivo regional denuncia que el nuevo impuesto «suplanta las competencias autonómicas para la gestión de los tributos cedidos», como el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008.
El recurso interpuesto destaca que por este motivo supone una ruptura de autonomía financiera de las comunidades ya que afecta a su política fiscal.
Obviar el procedimiento parlamentario
De igual forma, denuncia que su tramitación se ha llevado a cabo a través de una enmienda en un Proyecto de Ley que no tenía que ver con este tributo, «obviando el procedimiento parlamentario ordinario, sin someterse a consulta pública y sin contar con memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado».
El recurso ante el Tribunal Constitucional alerta también sobre el hecho de que el nuevo impuesto atenta contra la seguridad jurídica, ya que su aplicación tiene efectos retroactivos para todo 2022 a pesar de que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año. Esto supone «un grave perjuicio» para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, ha remarcado Enrique Ossorio.
