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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que, en su declaración del pasado miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción, explicó el procedimiento administrativo llevado a cabo por la Consejería de Sanidad en la contratación de emergencia durante la fase más dura de la pandemia de Covid y, en este sentido, ha reiterado que se actuó «con absoluta transparencia» y «siempre sujetos a la legalidad».

Tras asistir al acto de entrega de premios organizado por la Asociación de Párkinson de Madrid con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha señalado que su declaración el pasado miércoles por la mañana estuvo centrada en explicar «cuál es todo el procedimiento administrativo realizado durante el estado de emergencia».

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Ruiz Escudero es el primer alto cargo del Gobierno madrileño en prestar declaración ante la Fiscalía por el contrato por valor de más de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 que fue adjudicado en abril de 2020 a la Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcazar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

El consejero madrileño no ha querido concretar las cuestiones concretas que se le plantearon desde Anticorrupción «por respeto al trabajo fiscal», pero sí ha aclarado que su declaración como testigo «no varía nada de lo que ya ha dicho en otras ocasiones» en el sentido de «contar todo el procedimiento administrativo en aquella época».

«Sujetos a la legalidad»

«Actuamos con absoluta transparencia, siempre sujetos a la legalidad y adaptados a la situación que vivíamos, con el momento más crítico de la pandemia», ha explicado Escudero, quien ha recordado que aquel 1 de abril de 2020 había más de 13.000 pacientes ingresados, 1.500 en UCI y morían más de 300 personas diarias.

Así, ha puesto el acento en que había «una necesidad vital, casi dramática» de adquirir mascarillas. El contrato que está siendo investigado, firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Anda Dávila Ponce de León, era para el suministro mascarillas FFP2 y FFP3 para el pabellón 10 del Ifema del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Una tira de mascarillas FPP2 en línea de producción (Foto: Ep)

Al hilo, el consejero ha reiterado que se actuó en base «a un mercado de compras de mascarilla que era el que marcaba, con esa fluctuación de precios que vimos entonces», y teniendo en cuenta la calidad del producto y los tiempos de entrega del material. El objetivo último, ha recalcado, era el de proteger a los profesionales sanitarios en un primer término y posteriormente a la totalidad la población.

Por eso, ha reiterado la necesidad de tener en cuenta el contexto en el que se realizó esta compra. «Vivíamos lo peor de la pandemia y las compras que se hicieron fue en esa situación. Ahí la fluctuación de precios era tremenda, incluso de un día para otro e incluso en el mismo día porque era una necesidad vital», ha remarcado.

La Consejería de Sanidad ya remitió a la Fiscalía toda la documentación relacionada con este contrato, desde la contratación y recepción de la oferta a cómo pasó valoración del secretario general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), aprobación de la viceconsejera, las cifras de la intervención o la dación de cuentas al Consejo de Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción abrió en febrero diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas. De hecho apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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