El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un escrito de acusación ante el Tribunal Supremo en el que solicita que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sea condenado a cuatro años de prisión por un presunto delito de revelación de secretos. En su escrito, también pide su inhabilitación para ocupar cargos públicos, suspensión de empleo y sueldo durante tres años y una multa de 108.000 euros.
Además, González Amador reclama una indemnización de 300.000 euros por los “daños morales” sufridos, alegando que se ha vulnerado su intimidad, derecho al honor, protección de datos y presunción de inocencia.
También contra la fiscal jefe de Madrid
La acción judicial no se dirige solo contra García Ortiz. El escrito también incluye a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien el denunciante acusa como cooperadora necesaria del delito. Para ella, pide tres años de prisión, suspensión de empleo por dos años, una multa de 36.000 euros y la inhabilitación para seguir en el cargo.
González Amador distribuye las responsabilidades civiles entre ambos: 3/5 para García Ortiz y 2/5 para Rodríguez, responsabilizándolos de forma directa y subsidiaria del daño causado.
Acusaciones por retener un teléfono
Uno de los argumentos del escrito es que el fiscal general habría conservado indebidamente un teléfono móvil que usó entre el 7 y el 14 de marzo de 2024. Según su defensa, García Ortiz no lo ha entregado porque “evidentemente albergaría el registro detallado de su actividad delictiva”.
El documento destaca que las filtraciones sobre su situación judicial han supuesto un “continuado e incesante perjuicio personal y reputacional” para González Amador, en plena causa abierta por un presunto fraude fiscal y corrupción en los negocios.
