OPINIÓN RUBÉN BEJARANO/ Coordinador de Izquierda Unida-Leganés y Diputado en la Asamblea de Madrid
“Se debe realizar una auditoria pública para que se conozca el estado de todas las transferencias que la administración regional realiza a los grupos y empresas adjudicatarias”
OPINIÓN / RUBÉN BEJARANO / 30 ENERO 2014 / El pasado lunes 27 de enero vivimos un momento importante, histórico, que ha supuesto un punto de inflexión en la política sanitaria que estaba llevando a cabo el Ejecutivo de Ignacio González, basada fundamentalmente en un cambio del sistema en la Comunidad de Madrid. Privatizar todos los servicios sanitarios de seis hospitales en un mismo plan, suponía no sólo dar tres vueltas de tuerca a las externalizaciones, sino que nos introducía en un nuevo modelo donde el método de gestión directa pasaba casi a eliminarse. Como telón de fondo en la suspensión de esta privatización, aparecen las últimas decisiones del TSJM que desautorizaban a este Gobierno. Pero sin duda, en la decisión final del ejecutivo están la grandes movilizaciones llevadas a cabo durante catorce meses consecutivos por los profesionales sanitarios, y lo más importante, por el progresivo apoyo que iban teniendo por parte de los ciudadanos. Este fracaso del PP ha traído como consecuencia también la dimisión del titular de la cartera sanitaria, Javier Fernández-Lasquetty.
En su despedida el ex Consejero Fernández-Lasquetty argumentó que dimitía porque él inició este proyecto privatizador. No es cierto. Durante los distintos Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la era de Esperanza Aguirre, la transferencias de importantes partidas de gestión pública a sector privado, eran una seña de identidad. Fernández-Lasquetty no inicia la privatización ni mucho menos. La prueba es que antes de presentar este plan, el pasado 31 de octubre de 2.012, en nuestra región los hospitales Infanta Elena, Torrejón, Jimenez-Díaz y el Juan Carlos I ya gestionaban todos sus servicios distintos grupos empresariales. El Hospital de Collado-Villalba estaba siendo construido para después explotarlo y gestionarlo por un importante grupo privado, y crecían como la espuma las derivaciones, los convenios y los conciertos con clínicas y empresas sanitarias privadas para prestar nuestra asistencia sanitaria pública. Lo que sí hizo el recién Consejero dimitido es, intentar consolidar una linea política del Partido Popular en Madrid basada en que nuestros derechos no tiene por qué gestionarlos la propia administración pública, bajo el falaz argumento de la ineficacia y el ahorro.
Con esta política, la propia administración pierde la gestión de la Sanidad, uno de los derechos subjetivos más importantes de nuestra democracia, y pierde también el objetivo de supervisar la prestación del servicio en iguales condiciones a toda la población y con la máxima calidad asistencial. Esta última ya no la puede garantizar la administración porque, sencillamente, no la gestiona ni la controla.
Pero es justo reconocer que la legislación española es muy permisiva con la posibilidad de privatizar la asistencia sanitaria pública. Desde que se aprobó la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión en la sanidad, gracias a el apoyo en su momento de PSOE y PP, y las posteriores normativas regionales, como la LOSCAM en Madrid, el excesivo peso sector privado en la gestión sanitaria está amparado. Sólo necesitamos un Gobierno con un programa absolutamente neoliberal, y con mayorías suficientes en el parlamento, para llevar a cabo este demoledor ataque a lo público.
A las celebraciones que se están produciendo después del anuncio del Ignacio González el pasado lunes, le sigue la gran pregunta: ¿Y ahora qué? Lo más probable es que el nuevo Consejero, a un año vista, y después de este fracaso, no emprenderá un proceso similar. Pero lo cierto es que en Madrid existen problemas de sostenibilidad del sistema sanitario público, sobre todo, porque tenemos a una gran parte de la gestión privatizada desde hace mucho tiempo. Problemas a los que se tiene que dar respuesta de forma urgente. Y que lo ideal sería empezar por la derogación de la propia Ley 15/97, el origen de todo. Iniciativa que se tiene que seguir planteando hasta conseguirlo.
Pero estando en este contexto, y de forma inmediata, es necesario poner en marcha una serie de medidas gubernamentales basadas en tres ejes. En primer lugar, recomponer las relaciones con el personal sanitario, ya que sólo se han dirigido a ellos para anunciarles recortes de recursos materiales y humanos en todos los centros durante los últimos años. Es más necesario que nunca un gran pacto con toda la comunidad sanitaria que haga sostenible la gestión de una Sanidad Pública, para precisamente, dejarla al margen de cualquier privatización.
En segundo lugar, se debe realizar una auditoria pública para que los ciudadanos y ciudadanas conozcan en detalle el estado de todas las transferencias que la administración regional realiza a los grupos y empresas adjudicatarias. Recientemente la Cámara de Cuentas ha reconocido que existe un claro descontrol de los recursos públicos que pasan al sector privado para gestionar la Sanidad.
Y por último, debe haber un proceso inverso para que todos los servicios, pruebas diagnósticas, operaciones quirúrgicas y programas asistenciales que se realizan mediante convenios, transferencias, conciertos y “manos ajenas”, se presten con personal público y en centros públicos. No sólo con el objetivo de ser más eficientes desde el punto de vista económico, porque la situación actual de derivaciones es más cara, sino porque además, garantizaremos que la sanidad se dirige, se presta y se controla directamente desde lo público, que es en definitiva lo que quiere la ciudadanía madrileña para conseguir la máxima calidad.
Rubén Bejarano Coordinador de Izquierda Unida-Leganés y Diputado en la Asamblea de Madrid