OPINIÓN Maysoun Douas Maadi: Uno de los desafíos planteados durante la pasada cumbre de la OTAN en Madrid fue “Adaptarse a un mundo que cambia”. Inevitablemente, esa conversación tendrá que abordar el desarrollo tecnológico que irrumpe en distintos ámbitos de nuestra sociedad y que afecta nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra vida en general.
Por eso, aunque resulte complejo, debemos mezclar los conceptos de la Administración Pública y la Inteligencia Artificial. Es uno de los grandes debates de las instituciones democráticas que quieren adaptarse a un futuro que ya ha llamado a su puerta.
Por eso mismo, a principios de julio, el Grupo Municipal Más Madrid presentó la proposición de que la ciudad se adaptase al futuro a un Marco Normativo Europeo, y en materia de IA tuviese en cuenta lo siguiente: Hacer de esta tecnología equitativa y no discriminatoria para nadie, transparente y abierta, segura, que proteja la privacidad del ciudadano, que sea sostenible y responsable.
La corporación de Gobierno desoyó esta iniciativa aludiendo a que no era nada nuevo y ya llevaban tiempo trabajando en ello. Hoy, casi tres meses después, realizamos una petición de información para comprobar que avances se han hecho y nos encontramos con que apenas han iniciado los contactos.
En los últimos años hemos visto, de hecho, como la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta para la automatización de diversos procedimientos y para la gestión de problemáticas complejas. Tanto así, que un reciente estudio reveló que un 33% del Sector Público en España “ya ha implementado soluciones de Inteligencia Artificial”.
Con ellas buscamos mejorar los servicios que reciben los ciudadanos y administrar de forma más eficiente e inteligente los recursos que gestionan las instituciones. Son herramientas que permiten mejorar la seguridad pública y la gestión de emergencias, definir mejor la planificación y la zonificación territorial, agilizar y organizar la gestión tributaria, o si se quiere, evitar que sucedan episodios tan del día a día como las notificaciones de multas fraudulentas ocasionadas hace unos meses en la capital. Las aplicaciones de esta tecnología son literalmente infinitas, como también lo son sus desafíos técnicos y éticos.
Con el uso de IA también surgen problemáticas. Estas nuevas tecnologías tienen sesgos, no son del todo fiables y existe una falta de transparencia. Por ello, profesionales y civiles se movilizaron para pedir a las administraciones públicas que actuasen preventivamente en defensa de la ciudadanía.
La Comisión Europea escuchó las peticiones y está desarrollando de un Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, que recogerá las guías y normas éticas necesarias. Esto tendrá una transposición nacional y local, algo que ocurrirá en el medio plazo.
De ahí que España haya anunciado recientemente desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Ministerio de Economía, el primer Sandbox europeo en esta materia, que espera facilitar esa transición. Es fundamental atajar cualquier déficit que pueda surgir con la innovación, porque en un mundo digital, los derechos digitales son derechos civiles. El mundo cambia, las ciudades cambian, y nuestra ciudad está cambiando. Tenemos el desafío de adaptarnos, y la oportunidad de prepararnos para lo que viene.