El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la ley de servicios sociales para forzar a las Comunidades Autónomas a elaborar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, un catálogo común de servicios y prestaciones básicas para todo el territorio nacional.
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha asegurado, que esta ley es «una reivindicación histórica del sistema público de servicios sociales» y pondrá fin a las diferentes prestaciones que se daban dependiendo de cada autonomía.
A su juicio, «no puede ser» que un ciudadano tenga o no acceso a una determinada prestación dependiendo de la comunidad autónoma donde viva. Así, ha puesto el ejemplo de una familia monomarental, formada por una mujer y sus tres hijos, que necesitan una ayuda a domicilio, o el de una persona que vive sola, ha sufrido un accidente y necesita apoyo durante unos meses. Actualmente, no todas las CCAA ofrecen esta ayuda a domicilio, algo que cambiaría con esta ley pues se debería establecer un catálogo de servicios básicos comunes para todo el territorio español.
«Después de 40 años de desarrollo del sistema, dentro de las cuatro patas del Estado del Bienestar, -salud, educación, pensiones y servicios sociales- la única que no tiene una ley estatal que regule unos mínimos es la cuarta pata: servicios sociales», ha remarcado Ramírez, tras asegurar que «es imprescindible tenerla como tal para que esa ley dé una garantía básica de las prestaciones mínimas que se van a dar en todo el Estado».
Sistema unificado de datos oficiales
Asimismo, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha puesto de relieve que esta nueva norma «va a recoger la historia social única», algo que considera fundamental pues, en estos momentos, no existe un sistema unificado con datos oficiales para toda España. Por otro lado, la ley también considerará esenciales a los profesionales del sector.
Al mismo tiempo, Ramírez ha recordado que esta ley de servicios sociales está comprometida con la Comisión Europea como parte del hito 315 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y obliga a que este hito se apruebe antes del 30 de junio de 2023. «Si no se aprueba la ley se corre el riesgo de que se pierdan los desembolsos de los fondos Next Generation», ha avisado. Por ello, ha insistido en que sería importante que la ley se tramitase «con urgencia».
