La tensión entre las universidades públicas madrileñas y el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso sigue escalando. Aunque el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha insistido este jueves en que la futura ley de universidades debe ser “de consenso”, el anuncio llega en plena cuenta atrás hacia la huelga general universitaria convocada para los días 26 y 27 de noviembre, y con un presupuesto aprobado que no alcanza ni el 0,5% del PIB regional, cuando la legislación estatal (LOSU) fija que debería ser como mínimo del 1%.
Reuniones, promesas y descontento
Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Viciana ha defendido que la relación con los rectores de las seis universidades públicas es “buena” y que se está trabajando por “mejorar en calidad y en consenso”. Ha subrayado además que la nueva ley es “muy compleja”, pero necesaria, y que se centra en aspectos clave como un nuevo modelo de financiación, basado en tres pilares: financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos.
Pese a ello, la comunidad universitaria sigue considerando que la situación es crítica. La Coordinadora de Plataformas en Defensa de las Universidades Públicas (UAM, UCM, URJC, UPM, UC3M y UAH) ha denunciado que el Ejecutivo autonómico lleva años sin actualizar el sistema de transferencias, que sigue anclado en criterios fijados hace dos décadas, y que el aumento presupuestario de 2026 no cubre las necesidades reales.
“Si no hay respiro, no habrá paz”
Con un lema claro —“Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian”—, la coordinadora ha llamado a un paro general de estudiantes, docentes y personal técnico y administrativo. La huelga, según advierten, podría extenderse de forma indefinida si no se producen cambios significativos en los presupuestos.
El proceso de movilización, explican, se viene gestando desde 2023 con asambleas organizadas en cada campus, y ha desembocado en una estrategia común. “Nos dimos cuenta de que todas teníamos un enemigo común: el gobierno de la Comunidad de Madrid”, asegura Jorge Pérez-Huet, estudiante de Filosofía en la UCM e impulsor de la coordinación interuniversitaria.
El déficit estructural que Madrid no resuelve
Aunque Viciana insiste en que se está “escuchando a todo el mundo” y ha prometido nuevas reuniones y trámites de consulta pública, la base del conflicto sigue siendo la financiación. La Comunidad de Madrid sigue destinando menos de la mitad de lo que marca la LOSU para el sostenimiento de sus universidades públicas. Mientras tanto, la precariedad se cronifica: contratos temporales, falta de personal docente e investigador, instalaciones desactualizadas y un aumento de la carga docente son parte de las denuncias que motivan la huelga.
