Un grupo de manifestantes vestidos de amarillo, el color que distingue a las educadoras infantiles, ha cortado brevemente el tráfico del paseo de la Castellana en plena hora punta de este miércoles. Se sentaron en la calzada bajo el puente de Eduardo Dato, en el tramo entre Rubén Darío y la calle Serrano, en una de las primeras acciones de la huelga indefinida de la educación pública madrileña.
Horas antes, la movilización ya había llegado a la Universidad Complutense, donde se celebró un encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información. En su conocido vestíbulo, los participantes desplegaron una pancarta con el lema ‘No vamos a dejar de luchar’ acompañado de la imagen de Maricarmen.
Los convocantes habían llamado a poner en marcha piquetes y pasacampus a partir de las 8.00 y a mantener las acciones durante toda la mañana. El momento central de la jornada llegará a las 12.00, con una concentración en la Puerta del Sol que reunirá a todas las etapas educativas.
Las reivindicaciones
El comité de huelga lo forman CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a las plataformas docentes Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Según su comunicado, cuentan también con el respaldo de numerosas organizaciones educativas que representan a familias y alumnado. Con este paro reclaman “más recursos y mejores condiciones laborales”.
Una de sus principales exigencias es volver a un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Secundaria y Formación Profesional, y de 22 en Primaria. Piden además que en ese cómputo entren las horas dedicadas a tutorías, jefaturas de departamento y coordinaciones.
El profesorado también quiere aulas menos numerosas. Su propuesta fija un máximo de 13 estudiantes en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en FP, y pide adaptar esas ratios cuando haya alumnado con necesidades educativas especiales o con necesidades específicas de apoyo.
Más recursos educativos para la Educación Especial
Para atender la diversidad, los sindicatos reclaman un orientador por cada 250 alumnos y un profesional de Servicios a la Comunidad en cada centro. Piden también un docente de Pedagogía Terapéutica por cada ocho estudiantes y uno de Audición y Lenguaje por cada doce. A ello suman un maestro de compensatoria por centro, “aunque no se alcancen las ratios mínimas”.
En Educación Especial, la plataforma pide un profesional por cada seis alumnos con discapacidad intelectual. Cuando se trate de alumnado con pluridiscapacidad, trastorno del espectro autista o trastornos graves de conducta, reclama uno por cada grupo de entre uno y cuatro estudiantes.
El comité pide asimismo un plan para garantizar la equidad y una atención adecuada al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con necesidades educativas especiales o que pertenezca a otros colectivos vulnerables. En esa línea, defiende recuperar las aulas de enlace y la “eliminación del modelo actual de bilingüismo para frenar la segregación educativa”.
Incremento salarial
En el apartado salarial, los convocantes exigen 600 euros más al mes en el Complemento Específico General Docente autonómico. Quieren también que se equipare el sueldo del profesorado de FP y de los especialistas de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Para quienes trabajan en Educación Especial piden además un complemento de peligrosidad.
Contra la sobrecarga burocrática, reclaman al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo en cada centro. Así, el profesorado quedaría liberado de tareas administrativas ajenas a la docencia.
Por último, la plataforma reclama mejoras en los edificios y en la salud laboral. Pide un plan integral de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases de los centros públicos y una mejor prevención de riesgos laborales.