Varias manifestaciones y actos franquistas, falangistas y memorialistas se han desarrollado este 20-N en la región para conmemorar el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, donde se han registrado cánticos y saludos franquistas.
En un acto organizado por el Movimiento Católico español (MCE), en la Plaza de Oriente, se han podido ver saludos franquistas, en la primera ocasión en que el aniversario de la muerte de Franco y Primo de Rivera se celebra tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
Tras estas convocatorias, el senador de Más Madrid Pablo Perpinyà ha registrado este domingo una pregunta en la Cámara Alta para pedir responsabilidades a la Delegación del Gobierno de Madrid por autorizar la manifestación convocada por Falange donde también se produjeron cánticos y saludos fascistas.
“No entendemos que la Delegada del Gobierno, Mercedes González, no tome medidas preventivas para hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática en las calles de Madrid. Es inadmisible que veamos exaltaciones fascistas con total impunidad en un país democrático. Queremos que se investigue lo sucedido y se asuman responsabilidades”, ha defendido Perpinyà.
Según ha dicho, la Ley de Memoria Democrática, en su artículo 62, subraya como infracciones graves “las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”.
La Falange y FE de las Jons organizaron el sábado por la noche una manifestación a favor de la derogación de la Ley de Memoria Democrática en la confluencia de las calles Génova con Marqués de la Ensenada, frente a la casa natal de José Antonio Primo de Rivera, que concluyó a las 23 horas cerca de la estación de Metro de Moncloa, donde comenzó una marcha que concluyó este domingo por la mañana en el exterior del Valle de los Caídos.
Recordatorio de la Delegación de Gobierno
La Delegación del Gobierno en Madrid había recordado previamente a los convocantes que han de cumplir con la Ley de Memoria Democrática recientemente aprobada y, si no es así, advertía de que las acciones ilegales que se produjeran se pondrán en conocimiento y serán perseguidas por la Fiscalía.
Concretamente, el departamento que dirige Mercedes González les citaba el artículo 38, que señala que, sin perjuicio del derecho de reunión, “se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.
Además, en los casos en los que la convocatoria comunicada vaya a producirse en la proximidad de las zonas incluidas en los mapas de fosas, los lugares de memoria democrática, así como de los monumentos o elementos análogos erigidos en recuerdo y reconocimiento de las víctimas, “los ayuntamientos informarán sobre este extremo a los efectos de las previsiones del artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio”.
En el escrito de advertencia a los convocantes de estas concentración, la Delegación del Gobierno les recordaba también el artículo 62 de dicha Ley, donde se subraya como infracciones graves “las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”.
Los convocantes habían comunicado a la Delegación del Gobierno que se encargarían de “tomar las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el artículo 61 y 62 de la Ley de Memoria Democrática”, que señala que “serán responsables como autores las personas físicas o jurídicas que dolosa o negligentemente realicen las acciones u omisiones constitutivas de infracción” conforme al articulado anteriormente citado.
