Las pintadas ilegales en fachadas, monumentos y espacios públicos de Madrid están cada vez más vigiladas. La unidad especial de la Policía Municipal contra el vandalismo urbano ha tramitado 875 denuncias, investigado a 63 personas e identificado a otras 1.466 desde su puesta en marcha hace casi tres años. Una actividad que también ha dejado sanciones importantes, con casos en los que las denuncias acumuladas superan los 20.000 euros.
Se trata de la Sección de Protección del Patrimonio Urbano (SEPROPUR), integrada por una treintena de agentes que trabajan las 24 horas del día para localizar a los autores de pintadas ilegales y proteger edificios, monumentos y otros elementos del patrimonio de la capital.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha visitado las instalaciones de esta unidad, situadas en la renovada comisaría de la calle del Plomo, para conocer sus actuaciones.
Multas de hasta 3.000 euros por una pintada
Las sanciones por realizar grafitis ilegales dependen del lugar y de los daños ocasionados. En Madrid, pintar sobre cierres comerciales puede suponer una multa de 1.000 euros, mientras que hacerlo sobre mobiliario urbano, muretes, pilares o puertas puede costar 600 euros.
Las cantidades aumentan cuando se trata de edificios emblemáticos: 2.000 euros por pintadas de menos de un palmo y 3.000 euros cuando superan ese tamaño.
Sin embargo, las consecuencias económicas pueden ser mayores cuando una misma persona acumula numerosas denuncias.
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, un grafitero habitual de la zona de la plaza del Dos de Mayo acumula denuncias por un importe superior a 20.000 euros. Otro vecino de Arganzuela fue denunciado por hechos que sumaban 15.000 euros en posibles sanciones.
También destaca el caso de un vecino de Chamberí que, tras acumular sanciones por valor de hasta 8.000 euros, reconoció su autoría y recibió una sanción económica de 2.500 euros y 40 horas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Así investigan los policías a los grafiteros
La labor de SEPROPUR va mucho más allá de sorprender a alguien realizando una pintada.
Los agentes elaboran mapas de las zonas con mayor presencia de grafitis, fotografían las pintadas y analizan sus características para tratar de identificar a sus autores.
También utilizan técnicas de grafología para estudiar las firmas que aparecen en los muros y rastrean publicaciones en redes sociales de acceso público.
Toda esta información se incorpora a una base de datos que permite relacionar distintas actuaciones y detectar posibles reincidencias.
En sus casi tres años de actividad, la unidad ha abierto 802 expedientes y elaborado 628 informes, además de remitir 190 atestados a los juzgados y otros 17 a la Fiscalía de Medio Ambiente por posibles delitos de daños en edificios protegidos o de interés cultural.
Del Museo de América a la Casa de Campo
Entre las intervenciones más destacadas figuran las investigaciones contra diez personas por pintadas en el Museo de América, declarado Bien de Interés Cultural.
También se han investigado daños en la parte posterior de la plaza de la Villa, en el monumento a las víctimas de Mauthausen y en el monumento a la infanta Isabel de Borbón, situado en Moncloa-Aravaca.
En el parque de la Cuña Verde, en Latina, una intervención terminó con cinco personas denunciadas y la incautación de 200 botes de espray.
La unidad también ha actuado por pintadas en la tapia de Sabatini, en la Casa de Campo, durante las obras de la A-5, y en el entorno de los cuarteles de Campamento.
Cuando los daños afectan a bienes especialmente protegidos, las consecuencias pueden ir más allá de una multa administrativa. Los delitos contra el patrimonio histórico pueden castigarse con penas de hasta cuatro años de prisión, dependiendo de los daños ocasionados.
Borrar pintadas para sustituir las multas
Además de las sanciones, el Ayuntamiento contempla una alternativa para determinadas infracciones: sustituir la multa por trabajos de limpieza de grafitis.
Esta posibilidad se incorporó mediante una modificación del protocolo municipal aprobada en diciembre de 2024, que permite a quienes han cometido determinadas infracciones relacionadas con pintadas ilegales realizar tareas para eliminarlas.
La actuación policial se complementa con las patrullas antigrafitis del servicio municipal de limpieza, que responden a los avisos vecinales y revisan las zonas donde las pintadas aparecen con mayor frecuencia.
Con estas medidas, el Ayuntamiento busca reducir las pintadas ilegales y mejorar la conservación de fachadas, espacios públicos y edificios históricos.