Un jurado popular ha decidido dar un veredicto de inocencia para los agentes de la Policía Nacional que accedieron con un ariete a un piso de la calle Lagasca en 2021.
El veredicto dictado ayer por el jurado ha eximido por unanimidad de responsabilidad penal a los agentes al considerar que no incurrieron en un delito de allanamiento de morada al entrar a la fuerza al inmueble ante un delito flagrante.
Tras este veredicto de inocencia, será el tribunal quien dictará una sentencia absolutoria para los agentes, entre ellos el subinspector que estuvo al mando del operativo policial.
El jurado ha respaldado, así, el uso de un ariete por parte de los agentes para entrar a la fuerza en el piso en el que catorce personas celebraban una fiesta ilegal en plena pandemia. Los asistentes a la reunión festiva infringían la normativa Covid que impedía entonces las reuniones en viviendas.
Los miembros del jurado consideran que los agentes actuaron bajo la creencia de que los asistentes a la fiesta estaban cometiendo un delito flagrante por desobediencia grave a la autoridad al negarse hasta en 28 ocasiones a abrir la puerta para identificarse.
El abogado de la acusación particular ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) esta decisión.
Grabaciones exculpatorias
La vista oral arrancó con seis policías en el banquillo acusados de un delito de allanamiento de morada. El visionado de unas grabaciones del momento de los hechos llevó la semana pasada a la acusación particular a retirar la imputación a cuatro de los agentes, al igual que a la fiscal que eximió a los seis. Tras este cambio penal, estos policías se levantaron del banquillo y quedaron libres de responsabilidad penal.
Las grabaciones de las cámaras que llevaban dos de los agentes incrustadas en los chalecos han sido la principal prueba para exonerar a los acusados. La acusación particular trató, sin éxito, de invalidar las imágenes al estar grabadas con cámaras no oficiales.
En ellas se recogía cómo durante la media hora en la que trataron de forzar la cerradura, los policías avisaron de que iban a tirar a la fuerza la puerta ante la vulneración de varios infracciones de la ley de seguridad ciudadana, al estar incumpliendo la normativa Covid y ante la existencia de un delito flagrante.
Las personas que estaban celebrando la fiesta ilegal se enfrentaron verbalmente y de malos modos a los agentes y una de ellas incluso, ya esposada y reducida tras forcejear con un policía, espetó: «¡no saben dónde coño se han metido éstos!«. Esta joven, que pidió perdón en el juicio, solicitó al juez un ‘habeas corpus‘ que le fue denegado al rechazar que se hubiera producido entonces una detención ilegal.
Pese al visionado de los vídeos, la acusación mantuvo la imputación al subinspector al mando y a otro subordinado por un delito de allanamiento de morada, por el que pedía dos años y seis meses de cárcel y seis años de inhabilitación. De forma alternativa, se pidió un año y tres meses de cárcel por un error vencible de tipo.
La Policía pregunta si la desobediencia es diferente en el barrio de Salamanca
En su turno a la última palabra, el jefe del operativo criticó que el abogado que defiende al inquilino «confundiera la inviolabilidad domiciliaria con la impunidad domiciliaria». Además, declaró que si le consideraban culpable de allanamiento de morada no quería ser policía.
«Si me creen culpable, si no voy a poder usar las herramientas legales que hay por miedo, para eso no quiero ser policía, porque soy policía para defender a los ciudadanos», manifestó.
Su compañero y también acusado mostró igualmente su indignación por estar en el banquillo de los acusados por hacer «solo su trabajo» cumpliendo la legalidad, lo que hizo «antes, durante y después de la pandemia».
Antes de concluir su intervención, el agente se preguntó si «las leyes son iguales para todos» y ha planteado si «la desobediencia reiterada a la autoridad es diferente en los barrios de Salamanca y Carabanchel».
