La portavoz del Gobierno municipal de Madrid y presidenta de la Funeraria Municipal, Inmaculada Sanz, ha asegurado este lunes -tras un consejo extraordinario de la empresa pública- que no se contactó con ningún intermediario para llevar a cabo los contratos de emergencia para conseguir material sanitario durante la pandemia. Según ha insistido, solo se comunicaron «con un proveedor sobre las múltiples ofertas de ese momento».
«Llamaron muchas personas para ofrecer colaboración, como donaciones, y la prioridad era que los plazos de llegada fueran los mínimos posibles. La prioridad era la urgencia de que estuviera lo antes posible», ha expuesto tras recordar que, en marzo de 2020, «morían en Madrid 300 personas diarias».
Sanz ha explicado el procedimiento de estos contratos: «Se pasaba al área de Hacienda, que se encargaba de las compras, y cuando veían que podía ir a parar a buen puerto, se establecía». A ello ha agregado que «se le pagaba un precio fijado, que es el pactado con ellos. Lo que hacemos es pagar un precio al proveedor».
El pasado viernes se conocían las posibles comisiones millonarias que se habrían podido llevar un intermediario, Luis M.A., y su amigo y empresario Alberto L.C. El primero podía haber cobrado por su intermediación y el empresario, 5 millones de euros en la misma operación de contratos de emergencia que se tramitaron a través de la funeraria pública para poder abonar los costes más rápidamente.
La petición de información por parte de la Fiscalía al Ayuntamiento, ha añadido Sanz, llegó a finales de 2020, a la que siguió una ampliación de esa información. «Después se llama como testigo para que aporte una información», ha aseverado. «Si se demostrara o hubiera indicio sólido, por supuesto ejerceríamos acciones legales para defender el interés del Ayuntamiento de Madrid», ha finalizado.
Los Grupos
Por otro lado, la presidenta de la Funeraria Municipal ha recordado que todos los Grupos municipales conocían las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos realizados en pandemia para adquirir material sanitaria porque se les informó de estas acciones. «Se les informó de la situación de la Fiscalía», ha aclarado.
En este sentido, ha reiterado que no se conoce ninguna información relacionada con que la Fiscalía esté investigando al Ayuntamiento de Madrid. «Fueron muchos los contratos de emergencia que hubo que hacer» y «todos los contratos han pasado por todos los controles, por el Tribunal de Cuentas», ha recalcado.
Tras la reunión del consejo, el portavoz de Más Madrid en el consejo, Miguel Montejo, ha propuesto, «para comprobar si los hechos ocurrieron realmente y si ese dinero público ha ido a manos privadas por la simple intermediación», que el caso sea estudiado por los servicios jurídicos y el área de Hacienda, con el objetivo de reclamar que el Consistorio se persone.
Además, Montejo ha solicitado una nueva reunión para aclarar «qué autoridades y funcionarios conocían la intermediación de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño y a través de quién llegaron al Ayuntamiento».
Personación en la causa
Mientras, el Partido Socialista ha exigido al Ejecutivo municipal que se persone en la causa como afectado si resultan ciertas las comisiones millonarias en contratos de emergencia firmados por la empresa Servicios Funerarios de Madrid en marzo de 2020, en los peores momentos de la pandemia.
El socialista Ramón Silva ha explicado que se les ha trasladado que la información requerida al Ayuntamiento se debe a un procedimiento entre empresas. En este proceso, que está en diligencias previas, «el Ayuntamiento no está siendo investigado».
«Si eso se confirma y va adelante hemos exigido, y se nos ha respondido que así sería, que el Ayuntamiento se personaría como perjudicado», esperan los socialistas.
Por su parte, la consejera del Grupo Mixto en la Funeraria y portavoz del grupo, Marta Higueras, ha afirmado que será prudente en base a una «oposición responsable». «Vamos a esperar a que la Fiscalía resuelva para hacer una valoración más concreta», ha adelantado Higueras.