Varios gerentes de establecimientos del distrito Centro de Madrid han sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito continuado de estafa, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía en un comunicado.
Los comerciantes están acusados de realizar operaciones de pago fraudulentas con tarjetas de crédito sustraídas. El pasado mes de mayo, los agentes detectaron un aumento de denuncias de uso fraudulento de tarjetas, con un total de 78 hechos denunciados en todo el territorio español.
Todas las estafas denunciadas seguían un mismo patrón: los cargos fraudulentos detectados eran realizados a través de dispositivos TPVs propiedad de los detenidos, que regentaban varios comercios del distrito Centro.
Los pagos se realizaban con sus datáfonos a horas no habituales de apertura y de manera fraccionada hasta que las entidades bancarias no permitían realizar más operaciones. En total, habrían empleado 155 tarjetas, obtenidas de manera ilícita, llegando a defraudar más de 30.000 euros por este método.
Por estos hechos, fueron detenidos como presuntos autores de un delito continuado de estafa, pasando a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su puesta en libertad.
Tarjetas de crédito fraudulentas para compra de móviles
El uso de tarjetas de crédito fraudulentas para realizar estafas es un delito que periódicamente se sucede por todo el territorio español. El pasado mes de junio, agentes de la Policía Nacional desarticularon una red criminal que se servía de tarjetas de crédito para estafar, presuntamente, más de 240.000 euros a un operador de telefonía.
Se detuvo a 40 miembros de esta organización que comenzó a actuar en Madrid, pero posteriormente amplió su actividad a Sevilla, Huelva, Cádiz y Barcelona. Adquirían tarjetas bancarias fraudulentas en la ‘deep web’ para realizar compras online de dispositivos móviles que después recogían, físicamente, a través de personas de su entorno próximo.
Una vez tenían los terminales adquiridos ilícitamente en su poder, se los facilitaban a los máximos responsables de la organización, que los revendían en plataformas de compraventa entre particulares, logrando un beneficio económico superior a los dos millones de euros.
Para obtener un mayor beneficio de la adquisición fraudulenta de los teléfonos móviles, los máximos responsables de la organización crearon una empresa ficticia con cuentas vinculadas en diferentes plataformas de compraventa entre particulares. A través de estos perfiles revendían los terminales obteniendo ventas por un valor superior a los dos millones de euros a lo largo de los últimos 12 meses, hechos que a su vez constituyen un delito de fraude fiscal.
