Madrid acelera en su política frente a los pisos turísticos ilegales tras el respaldo judicial. La Fiscalía ha archivado la denuncia de Más Madrid y respalda al Ayuntamiento madrileño, que pondrá en marcha su Plan Reside a la vuelta del verano.
Más Madrid presentó la pasada primavera una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por presunta prevaricación dirigida contra el Ayuntamiento y la Agencia de Actividades por «consentir deliberadamente la ilegalidad de los más de 15.000 pisos turísticos que hay en la capital«.
Apuntaban a la «inacción del alcalde que no es simple pasividad, es consentimiento deliberado de la ilegalidad», según declaraba en su momento la portavoz, Rita Maestre. Fundamentaban la denuncia ante la Fiscalía en el artículo 320 del Código Penal, que establece que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio» podría estar incurriendo en un delito de prevaricación.
Denuncia por los pisos turísticos ilegales
Más Madrid registró la denuncia después de que en junio de 2024 la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) denunciara en el Ayuntamiento la existencia de 10.134 viviendas de uso turístico (VUT) en el municipio de Madrid, las cuales se hallaban inscritas en el Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid sin disponer de las preceptivas licencias municipales siendo, por tanto, la actividad ilegal.
El Ayuntamiento alegó que había llevado a cabo un análisis preliminar, del que resultó que del total de 10.134 VUT denunciadas, solo 8.943 estaban inscritas en el Registro de Viviendas Turísticas y no disponían de licencia de funcionamiento en la fecha del estudio.
De estas viviendas se inspeccionaron, a la fecha de emisión del informe, un total de 4.372 viviendas, es decir, un 43,3% del total denunciado y, en consecuencia, se incoaron 2.499 procedimientos de restablecimiento de legalidad, que afectan a 3.683 unidades de alojamiento turístico.
Además se inspeccionaron otras 3.482 viviendas turísticas adicionales que no figuraban en la denuncia de la asociación. De estas, se incoaron 953 procedimientos de restablecimiento de legalidad, que afectaban a 1.520 unidades de alojamiento turístico.
Madrid sí ha llevado a cabo planes de inspección
Como conclusión, la Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento de Madrid «ha actuado con diligencia en todo lo relativo a la inspección y disciplina urbanística en relación con las viviendad de uso turístico (VUT)» dado que se han inspeccionado un número muy significativo de viviendas, con la complejidad y dificultad que ello conlleva».
También destacan que «se han desarrollado sucesivamente planes de inspección, con particular atención a este problema, se han incrementado de forma destacada los funcionarios encargados de estas tareas», aunque no estén integrados en una unidad dedicada en exclusiva a las VUT pero sí lo están en el Servicio de Disciplina Urbanística.
Según el órgano judicial, esta decisión «no parece reprochable, ni mucho menos ilícita» dado que «se ha impuesto un número elevado de sanciones, derivadas de un número igualmente abultado de expedientes sancionadores y se ha recurrido con mucha frecuencia (1.265 actuaciones) al mecanismo de la multa coercitiva».
El Plan Reside para atajar los pisos turísticos ilegales
Tras conocer el fallo de la Fiscalía, el equipo de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, ha destacado en un comunicado que la denuncia presentada «se desacredita con la información remitida por el Ayuntamiento de Madrid, de forma detallada y justificada».
Además, ha avanzado que el Ayuntamiento de Madrid prevé que entre en vigor el Plan Reside para atajar Viviendas de Uso Turístico (VUT) a la vuelta del verano con el primer Consejo de Gobierno de la Comunidad del curso político.
El delegado ha reivindicado que este Plan busca dar respuesta a un fenómeno que está pasando en Madrid pero ante el que «ninguna ciudad es ajena». «Madrid todavía tiene ese equilibrio entre vecinos y turistas y que, por tanto, estamos en la oportunidad de ser capaces de regular y ordenar una actividad en la que las grandes ciudades han fracasado», ha argumentado.
«Que donde vivan los madrileños, no vivan los turistas»
Carabante ha resumido el objeto de esta regulación en que «donde vivan los madrileños, no duerman los turistas» y lograr así evitar los «problemas de convivencia» que se puedan generar.
«Hay medidas para transformar edificios terciarios en viviendas, para transformar también equipamientos dotacionales privados en vivienda, de tal manera que se pueda generar un mayor número de viviendas en el centro de la ciudad y, sobre todo, ordenar esa oferta turística y la vida con los vecinos», ha rematado el delegado de Urbanismo.
Pone fin a los pisos turísticos dispersos en el cogollo histórico y extiende a toda la ciudad la obligatoriedad de contar con acceso independiente en pisos turísticos, que sólo podrán instalarse en planta sótano, baja o primera.