La Policía Municipal de Madrid ha clausurado una clínica dental que operaba de forma clandestina en la calle San Luciano, en el distrito de Villaverde. En el operativo fueron arrestadas dos personas: el presunto dentista, al que se le atribuyen delitos de intrusismo profesional, estafa y vulneración de la normativa sanitaria, y su ayudante, según ha informado un portavoz del Cuerpo.
La intervención policial se inició a raíz de una denuncia presentada en noviembre por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Esta entidad alertó sobre un establecimiento que ofrecía servicios odontológicos sin contar con personal debidamente cualificado, realizando tratamientos protésicos y otras intervenciones propias de la profesión.
El local, que era promocionado activamente en redes sociales, había logrado atraer a numerosos clientes. Algunos de ellos aseguraron haber sido atendidos directamente por quien se hacía pasar por odontólogo, llegando incluso a sufrir daños físicos, lo que reforzó las sospechas de prácticas fraudulentas y negligentes.
Las labores de vigilancia permitieron confirmar que se estaban realizando actividades médicas sin autorización. La clínica estaba conectada con una vivienda del mismo edificio, desde donde la residente —posteriormente detenida— bloqueó inicialmente el acceso policial, lo que obligó a solicitar una orden judicial para llevar a cabo el registro.
El 20 de marzo, en el transcurso del operativo, los agentes encontraron materiales biológicos, instrumentos quirúrgicos, agujas reutilizadas y residuos sanitarios gestionados de forma inadecuada. El local no cumplía con los requisitos mínimos para ejercer como centro de salud y presentaba deficiencias graves en higiene y seguridad.
El principal arrestado, de origen sudamericano, reconoció haber ejercido sin título oficial habilitante y confirmó que ya tenía procesos judiciales abiertos por hechos similares. Su colaboradora, también de origen sudamericano, ayudaba en la atención a los pacientes y se encontraba en situación administrativa irregular en el país, lo que podría dar lugar a procedimientos adicionales por infracción de la Ley de Extranjería.
El centro acumulaba varias denuncias administrativas previas por operar sin licencia, no estar inscrito en el registro sanitario y carecer de seguro de responsabilidad civil. El caso sigue siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, encargado de determinar la responsabilidad penal de los implicados.
El despliegue policial incluyó la participación de un inspector, un subinspector, dos oficiales y 17 agentes de distintas unidades.
