El Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el administrador único del festival Mad Cool y contra la sociedad Mad Cool Festival S.L. por un presunto delito contra el Medio Ambiente relacionado con la contaminación acústica generada en la edición de 2023.
Así consta en un auto en el que también se exige al responsable y a la empresa una fianza de 12.000 euros para garantizar posibles responsabilidades económicas en caso de condena.
La causa se abrió tras una denuncia vecinal por exceso de ruido durante los conciertos celebrados del 6 al 8 de julio de 2023 en el recinto Iberdrola Music, situado junto a viviendas en Villaverde (Madrid) y Getafe. La plataforma Stop Madcool, integrada por asociaciones de ambos barrios, se personó en el procedimiento para exigir responsabilidades y solicita una indemnización de 10.000 euros.
El fiscal pide para el administrador, José Javier A. L., una pena de dos años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 30 euros, una posible responsabilidad personal subsidiaria de hasta seis meses, así como la inhabilitación durante dos años para ejercer actividades relacionadas con la explotación de locales y eventos musicales.
En cuanto a la mercantil Mad Cool Festival S.L., la acusación reclama una multa de dos años, con una cuota diaria de 100 euros, y la prohibición de acceder a ayudas o subvenciones públicas, contratar con el sector público o beneficiarse de incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante el mismo periodo.
Cese de nuevas licencias
El Ayuntamiento de Getafe ha celebrado esta mañana la apertura de este juicio y ha reclamado al Consistorio madrileño que no dé más licencias para la celebración de macroeventos en el recinto de festivales de Villaverde. Getafe defiende que «las administraciones responsables de autorizar y facilitar eventos en Iberdrola Music deben tomar nota de esta situación y dejar de mirar hacia otro lado y se coloquen junto a los vecinos afectados».
El Ejecutivo liderado por Sara Hernández ha reclamado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que no conceda nuevas licencias de celebración de eventos en el recinto «hasta que no se garantice el estricto cumplimiento de la normativa en materia de ruido y medio ambiente, y no cuente con todas las infraestructuras necesarias para garantizar una movilidad segura».
