La asociación Arcópoli, junto a otras ocho entidades, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la concejala de Vox Carla Toscano, a raíz de unas declaraciones realizadas durante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado 24 de junio. Según las organizaciones firmantes, esas intervenciones contenían mensajes que fomentan el odio, la estigmatización y la criminalización del colectivo LGTBI+.
Luis Fernando Rosales, coordinador general de Arcópoli, ha defendido la iniciativa afirmando que «no se trata solo del colectivo LGTBI+, se trata de defender los pilares de la democracia, la igualdad y la convivencia pacífica frente al ataque de quienes desprecian la diversidad y los derechos humanos».
El documento presentado ante el Ministerio Público recoge una serie de frases atribuidas a la edil, como «la bandera LGTBI representa una ideología destructiva, el totalitarismo, el adoctrinamiento, la corrupción de menores«; «la ideología de género lleva a la pederastia«; «la fiesta del Orgullo va de sexo y de dinero» o «Arcópoli se dedica a hablar de sexo a los niños», entre otras expresiones.
Desde la asociación denunciante consideran que estas palabras traspasan los límites permisibles dentro de una sociedad democrática, por lo que han solicitado que se investigue si podrían constituir un posible delito de odio. Además, han pedido la intervención del Defensor del Pueblo al considerar que se trata de un ataque institucional directo y sin precedentes contra los derechos y la dignidad de las personas LGTBI+.
Arcópoli ha denunciado que estas manifestaciones, realizadas desde una posición pública, contribuyen a alimentar prejuicios, promover la desinformación y generar un clima hostil que pone en riesgo la convivencia y la seguridad del colectivo afectado.
En su escrito al Defensor del Pueblo, han reclamado tres medidas: que se analice si se han vulnerado derechos fundamentales; que se emita una recomendación dirigida al Ayuntamiento de Madrid y al grupo municipal Vox para recordar la obligación de los representantes públicos de respetar los derechos de las minorías; y que se traslade a la Fiscalía la posibilidad de iniciar acciones legales por incitación al odio y graves injurias hacia colectivos vulnerables.
Rosales ha sido tajante al señalar que «no podemos dejar pasar ni una. Frente al fascismo y la ideología del odio de la ultraderecha en este país no se puede ser tibio. No se puede esconder el odio tras la libertad de expresión. La libertad de expresión termina donde empieza la vulneración de derechos humanos. Lo que vimos en el pleno fue un discurso de criminalización y odio que solo puede tener una respuesta: justicia y reparación para las víctimas«.
