El PSOE de Alcorcón estima en 2.000 las alegaciones al proceso de revisión de 620 plazas de funcionarios

Su portavoz municipal, Natalia de Andrés, cree que por este motivo el Ayuntamiento, que seguirá adelante con lo previsto, ha prorrogado el plazo otros dos meses más

ALCORCÓN/ 18 MARZO 2014/ En un principio, el plazo de alegaciones terminaba este martes, según el calendario previsto para que el consejo consultivo del Gobierno regional determine que el Consistorio tiene potestad para revisar las 620 plazas que, según el alcalde, David Pérez, su antecesor, Enrique Cascallana, convirtió en funcionarios de “forma fraudulenta”, justo en pleno periodo de las elecciones municipales de 2011.

Sin embargo, en opinión de la portavoz municipal del PSOE, Natalia de Andrés, el Consistorio se ha visto forzado a prorrogar el plazo dos meses más ante el número de alegaciones –más de 2.000, según De Andrés- presentadas en el Ayuntamiento para detener esa revisión prevista por el equipo de gobierno municipal.

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De Andrés reconoce que desde su formación política han alentado esa presentación de quejas, a las que, a su juicio, “hay que añadir las de los interesados”, con dos modelos estándar a través de la agrupación local del PSOE y que también han utilizado los sindicatos (CC.OO y UGT) a modo de protesta contra el Ayuntamiento.

“Este elevado número de alegaciones al proceso iniciado por Pérez da buena muestra del número de personas, sin contar los trabajadores, que consideran que el Gobierno les está perjudicando de forma indirecta al decidir eliminar la categoría de funcionarios a cientos de trabajadores municipales”, ha señalado De Andrés, que cree que la vuelta atrás de categoría (de funcionarios a laboral) supondrá unos costes en cotizaciones de “dos millones de euros”.

Los trabajadores también han recogido 3.656 firmas a través de la página web change.org sobre un proceso que el Consistorio considera irreversible y que afecta a 445 empleados del Ayuntamiento y otros 175 de sus organismos autónomos.

Entre otros informes, el de la Cámara de Cuentas señala que no se publicó la oferta de empleo público preceptiva, tal y como recoge un oficio fechado el 21 de enero de 2014 y que lleva la rúbrica del concejal de Función Pública, Eduardo Serrano.

Además, la Cámara de Cuentas agrega que, en un total de 56 casos, el trabajador no ocupó la plaza o las plazas a las que optó en el proceso de ‘funcionarización’ tras tomar posesión, “sino la plaza que ocupaba con anterioridad a este proceso” al igual que otros 28 trabajadores, según sus datos, ocuparon plazas de una categoría superior al puesto que habían logrado, agrega el órgano fiscalizador.

En el oficio municipal también se transcribe un informe de la dirección general de Función Pública de la Consejería de Presidencia que señala que el proceso -concluido en Junta de Gobierno el 1 de febrero de 2011- tiene una serie de “anomalías” y “defectos legales”.

Este informe de Función Pública hace hincapié en que en la fase de oposición se pretendía sustituir “una verdadera prueba de aptitud” por “otros sistemas de evaluación sui generis” y detalla,  entre otros ejemplos, “la evaluación de actividades prácticas”, “la memoria sobre alguno de los temas del programa” o “la defensa curricular del currículum vítae presentado”.

El oficio recoge otro documento de la asesoría jurídica municipal en el que el Consistorio ratifica que “existen motivos” para “iniciar expediente de revisión de oficio al haber vicios de nulidad de pleno derecho”.

“Esa ‘funcionarización’ en época de Enrique Cascallana se hizo en menos tiempo de lo habitual porque sabíamos que el siguiente equipo de Gobierno podría llegar a hacer lo mismo que ocurrió con el Expediente de Regulación de Empleo que hubo en Fuente El Saz”, explicaba hace unos días a Noticiasparamunicipios el portavoz de CCOO, que ha negado que fuera para favorecer al PSOE, como ha señalado en más de una ocasión el regidor, David Pérez.

El siguiente paso, a partir del 18 de mayo, es elevar todo el expediente al Consejo Consultivo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que emitirá un dictamen con “carácter vinculante”. “Si el informe sale negativo para nosotros, es inevitable que lo llevemos a los juzgados de lo contencioso-administrativo”, ha avisado Muñoz.

JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍN

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