Un recurso técnico presentado por la Agrupación Deportiva Alcorcón (ADA) ha frenado el procedimiento puesto en marcha por el Ayuntamiento para la concesión del Estadio Municipal Santo Domingo, imprescindible para que el club de Segunda División pueda seguir usando el campo de fútbol de manera legal.
Así lo ha avanzado la alcaldesa, Natalia de Andrés (PSOE), en una rueda de prensa, donde ha explicado que, junto a la solicitud para la concesión, el club presentó un recurso al procedimiento abierto, una cuestión “meramente jurídica” que retrasará el asunto, que ya que los técnicos del Ayuntamiento tienen que dar una solución.
“Ahora mismo la Asesoría Jurídica de Patrimonio, los técnicos, están analizando ese recurso y yo estoy esperando a que nos hagan un informe técnico para que nos digan si llevan razón, si no llevan razón, y a partir de ahí tomar las decisiones oportunas”, ha añadido la regidora socialista.
El Ayuntamiento de Alcorcón dio luz verde el 22 de noviembre pasado a un expediente para la concesión, vía adjudicación directa, del uso del estadio municipal al AD Alcorcón, quien desde el año 2012 hacía un “uso irregular” del campo tras convertirse en sociedad anónima deportiva.
La alcaldesa explicó entonces que el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, había decidido finalmente hacer una concesión de uso privativo en favor del ADA mediante adjudicación directa, por lo que ningún otro club ha podido concurrir finalmente a la concesión del estadio.
Pago de un canon
El ADA pasó a ser sociedad anónima deportiva en el año 2012, por lo que, desde entonces, “no puede tener una concesión de un espacio público a título gratuito, ya que deja de ser una entidad sin ánimo de lucro”, de manera que el club debe pagar un canon por el uso, según ha insistido De Andrés en múltiples ocasiones.
En este sentido, el canon estipulado legalmente, un 5% del valor de las instalaciones, ascendería a 200.000 euros, aunque la alcaldesa se ha mostrado abierta en múltiples ocasiones a “negociar como se paga”, si el pago del canon se hace en efectivo o a cambio de algunos servicios.
“Igual que los vecinos y las vecinas pagan religiosamente sus impuestos, las empresas privadas que están beneficiándose de los recursos municipales deben pagar lo que le corresponde, la ley es para todos“, ha reiterado este miércoles la alcaldesa, quien confía en que se “normalice” la situación cuanto antes.