La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles otros 1,5 millones para atender las necesidades de las personas realojadas por las obras de la Línea 7B de Metro, cuyas viviendas se ubican en las calles Pablo Olavide y Ventura Argumosa, en San Fernando de Henares, y en acometer actuaciones futuras en casas afectadas de este municipio.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico invierte más de 550.000 euros para prorrogar durante seis meses el abono de los gastos derivados del realojo de 12 familias de las calles Pablo Olavide 1, 3, 5, 7, 9 y 11 y Ventura Argumosa 20 A, B, C, D, E, F y G de la localidad madrileña, tal y como ha desgranado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en rueda de prensa.
Por otra parte, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras destina hasta un millón de euros para eventuales incidencias que puedan surgir en inmuebles de los alrededores. Asimismo, se va a intervenir en el colector de la red de saneamiento que se ha visto alterado debido al movimiento del terreno en la zona. La fecha de finalización de estos trabajos está prevista para mediados del próximo año.
En virtud de esta ampliación, como ya se anunció en el anterior Consejo de Gobierno para los vecinos de la calle Rafael Alberti 7, la Administración regional asumirá el pago del alquiler, la manutención, el transporte o el servicio de guardamuebles. De igual forma, el Ejecutivo autonómico, se hará cargo del importe de los servicios de vigilancia, inspección y seguimiento estructural de los edificios.
La solución, «aún lejos»
El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), señaló hace unos días que, pese al el «cambio de talante» de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Jorge Rodrigo, aún se está «muy lejos» de las «soluciones definitivas», poniendo nuevamente sobre la mesa la necesidad de un plan integral.
Dos años y medio después de los primeros desalojos, 40 familias siguen sin una alternativa de vivienda digna, las primeras indemnizaciones aprobadas por la Comunidad de Madrid son «claramente insuficientes», varios comerciantes llevan todo este tiempo con sus negocios cerrados y 600 viviendas presentan daños por la chapuza de una línea que continúa cerrada y, como mínimo, así permanecerá hasta el segundo semestre de 2024.
Desde el Consistorio, ha indicado, se volvió a plantear a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que «lo importante y urgente» es atender a esas familias y sus circunstancias, así como la puesta en marcha de un plan integral tal y como vienen demandando desde las entidades sociales de San Fernando y desde el Ayuntamiento y desde la Plataforma de Afectados por Metro desde hace años.