REGIONAL / Dos entidades presentan denuncia en nombre de 150 afectados contra iDental por el cierre

Para conseguir una orden judicial que les permita acceder a los historiales médicos para poder seguir con los tratamientos

REGIONAL / 18 JULIO 2018 / La Plataforma de Afectados por las Clínicas Dentales (AFECADE) y la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) han presentado ocho denuncias colectivas en representación de unos 150 afectados contra iDental en Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Valladolid, tras el cierre de las sedes.

La medida tiene como objetivo conseguir una orden judicial para que la policía pueda entrar en las sedes (ahora cerradas) de iDental y recuperar así los historiales médicos de los afectados.

Y es que el historial médico es “fundamental” para saber qué intervenciones se han hecho en la boca de los pacientes y poder continuar los tratamientos.

“Con estas denuncias colectivas estamos dando las herramientas a fiscales y a jueces para que puedan dictar resoluciones con carácter urgentísimo para poder recuperar esa documentación”, ha explicado la abogada de AFECADE, Ángela de Miguel.

Financiación

Asimismo, las organizaciones pretenden con estas denuncias que los afectados por iDental con financiación pendiente puedan dejar de pagar a las financieras hasta que haya una resolución judicial. Muchos afectados, a pesar de no haber terminado su tratamiento o directamente haber sufrido mala praxis por parte de iDental, siguen pagando a las financieras.

“Las financieras saben que no pueden seguir cobrando estos créditos vinculados y, sin embargo, siguen cargando los recibos. Una vez más nos obligan a judicializar asuntos que deberían resolverse de mutuo acuerdo”, ha apostillado la presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez.

A partir de aquí, se abren tres posibles vías jurídicas. La primera, reclamar a las financieras; la segunda, si el caso es de negligencia, reclamar a las compañías de seguros (tanto las que tuviera iDental en su momento, como las de los odontólogos que hayan participado); y, como tercera vía judicial, actuar contra la Administración.