La exconcejal de Vox en Parla que fue detenida en una operación contra el narcotráfico, Ana González, ha comparecido ante el juez, al menos para dar explicaciones sobre el goteo de dinero en sus cuentas bancarias que las fuerzas de Seguridad del Estado consideran que podría tener un origen ilícito por la supuesta venta de droga.
La exedil parleña fue detenida en mayo en el marco de la operación ‘Piojo’, por su presunta implicación en un trama de estupefacientes, donde, según las acusaciones, se encargaba de realizar funciones de vigilancia en la organización, así como de todo lo relacionado con las sociedades mercantiles que manejaba la red. Según ha informó la Jefatura Superior de Policía, a través de ellas blanqueaban los beneficios obtenidos de la actividad ilícita.
La policía sospecha que esta organización -donde cuatro personas fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de tráfico drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico- distribuía cocaína a otros narcotraficantes. La investigación reveló que una pareja se dedicaba supuestamente al tráfico de sustancias estupefacientes en Yeles (Toledo), y en su vivienda se halló cocaína, armas cortas, dinero en efectivo y conexiones al fluido eléctrico.
Las primeras indagaciones permitieron averiguar que realizaban parte de su vida social en la localidad de Parla, donde también distribuían la droga. Además, esta pareja contaba con varias sociedades que «les permitían aparentar normalidad, ocultando su actividad ilícita». Por todo ello, el juzgado les imputa delitos de tráfico y venta de estupefacientes, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo y fraude fiscal.
Goteo de dinero
Sobre Ana González, que está en libertad bajo fianza desde junio tras pagar 12.000 euros, pesa una imputación de blanqueo por los ingresos en una de sus cuentas bancarias, de entre 2.000 y 4.000 euros. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Illescas la ha llamado a declarar ya por estas imputaciones. Ella ha negado la procedencia ilícita de estas cantidades y ha aseverado que corresponden a préstamos personales.
Sea como fuere, el juzgado ha dado cinco días a la expolítica para que acredite documentalmente los préstamos. Según informa el diario La Razón, el juzgado le ha preguntado también por varias transferencias entre empresas de las que es administradora.
González ha vuelto a asegurar que estas operaciones estarían dentro de la legalidad puesto que se trataría de abonos por la presentación de servicios entre las propias empresas, una práctica habitual en los grupos empresariales.
