El Gobierno local aplica nuevos filtros para que sólo los habilitados nacionales puedan “paralizar” el cobro de recibos
PARLA / 17 ENERO 2018 / El Hospital Infanta Cristina de Parla, construido sobre una parcela municipal, dejó de abonar al Ayuntamiento 1 millón de euros en 2008 por el expediente de la licencia de obras, un recibo que fue paralizado y que ha prescrito, según informó el Gobierno local del PP en el último Pleno.
Es uno de los impagos que el Consistorio ha sufrido en los últimos años y que suman unos 40 millones de euros, lo que ha forzado al Ejecutivo ‘popular’ a implantar nuevos sistemas de control.
De hecho, el alcalde, Luis Martínez Hervás, ha explicado que, en el caso del hospital parleño, hasta 2017 “todo el personal tenía acceso a todos los actos y cualquiera podía paralizar un recibo”.
“Ahora -ha precisado-, la paralización de recibos sólo puede realizarse mediante acto firme, y sólo pueden hacerlo los habilitados nacionales (tesorero, interventor…)”.
Además, en referencia al hospital, el Jurado Económico Administrativo (JEA) ha resuelto ya la reclamación interpuesta por el Hospital por el recibo del IBI de 2016, lo que ha permitido el cobro de unos 750.000 euros. Éste era uno más de 400 expedientes pendientes de resolver de ejercicios anteriores, que estaban paralizados porque habían sido recurridos por los deudores y estaban sin cobrar.
40% sin recaudar
En este punto, el regidor ha lamentado que, cuando accedió al Gobierno,”había un 40 por ciento de la recaudación teórica que realmente no se recaudaba”, y ha explicado que, durante el año pasado, el equipo de Gobierno lanzó 30.000 embargos por recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que estaban pendientes de cobro desde 2013.
“En el impuesto del IBI de 2013, después de cuatro años de requerimientos de apremios y vía ejecutiva, se ha conseguido recaudar un 90 por ciento”, ha precisado.
Así, ha explicado que el porcentaje de recaudación del IBI de 2014 está en el 88,25%; el de 2015 en el 89,55%; el de 2016 en el 88,69%; y el de 2017, en el 83,2%.
Multas
En su comparecencia, el primer edil también ha hecho público que, desde el pasado mes de diciembre, Recaudación ejecutiva ha enviado por vía de apremio más de 3.200 multas y sanciones que habían sido impuestas y notificadas antes de 2015, “que no estaban prescritas, estaban en vigor, por un importe de unos 700.000 euros”.
La intención es cobrar lo máximo posible, puesto que la prescripción de una multa o sanción se produce una vez pasados cuatro años de la última comunicación o publicación con el vecino sancionado. Todas estas multas fueron notificadas a los infractores en su día.
