Un perito de parte ha ratificado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la empresa tasadora contratada por la Comunidad de Madrid para fijar las indemnizaciones por las viviendas, plazas de garajes y locales afectados por las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid valoró «muy por debajo» de la media de mercado los precios de los inmuebles perjudicados.
La Sala ha escuchado en esta primera sesión el peritaje de un arquitecto contratado por la asociación Rafael Alberti y Presa, que ha criticado que la Comunidad de Madrid sustente las indemnizaciones en una tabla rasa sin tener en cuenta los metros de las viviendas y otros parámetros, lo que tacha de «injusto».
Ante el tribunal, el arquitecto ha detallado que para su informe pericial se usaron diferentes parámetros para determinar el valor real de la viviendas como la superficie, el año de construcción o la ubicación. Además, se aplicó la normativa ECO ( de la Orden ECO/805/2003), que establece normas de valoración de bienes inmuebles para fines financieros, como la obtención de créditos hipotecarios.
En declaraciones a los medios, el perito ha señalado que el informe de Tinsa, tasadora contratada por el Gobierno regional, valora de forma «clarísima» por debajo de la media.
Desvirtuar y llevarlo a la baja
«Las valoraciones siempre pueden ser un poco relativas, pero yo considero que en el caso de ese informe de valoración hay una tendencia clarísimamente de desvirtuar y llevarlo a la baja, descaradamente», ha aseverado.
Por ejemplo, apunta, realizan una valoración de una plaza de garaje en 11 o 12 mil euros, prácticamente la mitad de lo que es una plaza de garaje normal en la zona. «Está muy desvirtuado. Llevarían una estrategia posiblemente de acuerdo con quien les contrató», ha añadido.
El presidente de la asociación Rafael Alberti y Presa, Juan Antonio Presa, ha señalado que se ha llegado a juicio porque «la comunidad de Madrid no ha tenido bien en escuchar sus reivindicaciones en cuanto a las tasaciones, el daño moral y la pérdida de alquileres».
Mayor compensación
El colectivo exige al Gobierno regional una compensación mayor a la que recibieron por los daños en sus viviendas. Las indemnizaciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid oscilan entre 136.000 y 355.000 euros, con compensaciones adicionales de 10.000 a 33.000 euros por garaje.
Frente a ello, los vecinos consideran insuficientes estas indemnizaciones, dado que el precio de las viviendas en esta zona asciende a unos 250.000 euros.
