Los colectivos ecologistas de la Plataforma Ecologista Madrileña han alertado del riesgo que supone la crecida del río Jarama en San Fernando de Henares, en nivel de aviso rojo, para personas y animales de los chamizos, corralas y chabolas ilegales que se levantan en la margen del río.
El colectivo ha asegurado que la zona ha tenido que ser evacuada debido al riesgo de desbordamiento del río, sobre todo, con el encadenamiento en Madrid de ocho borrascas consecutivas.
Además del riesgo en materia de seguridad, la Plataforma ha recordado que los suelos ocupados de la ribera del río «son zonas inundables, son espacios protegidos y de alto riesgo que no deberían estar ocupados por actividades y construcciones».
Se siguen recibiendo denuncias
El colectivo ha informado de que, desde hace seis años, el Ayuntamiento de San Fernando, la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) están «recibiendo denuncias sobre las ilegalidades que se practican en un tramo de 800 metros de las riberas del río Jarama».
Se trata de construcciones de baja calidad que levantan vecinos de San Fernando y Coslada y que utilizan sobre todo los fines de semana como elemento de ocio y recreo, según los ecologistas.
Allí, se han «parcelado y ocupado tramos del río Jarama para instalar construcciones permanentes, corrales y chamizos sin ninguna licencia ni autorización de los propietarios de los suelos».
Cumplir las normas urbanísticas
«Esta ocupación -agregan- se hace también sobre el territorio del ecosistema fluvial que pertenece al Parque Regional del Sureste y la Red Natura 2000». Por ello, concluyen que «en San Fernando de Henares no se respeta la legislación ambiental ni las normas urbanísticas».
La existencia de las construcciones y chamizos junto al río Jarama es «ilegal y un factor de inseguridad para personas y animales». Las riberas del Jarama forman parte de un ecosistema protegido y son suelos no urbanizables, han precisado los ecologistas.
«No se entiende la incapacidad de las administraciones, especialmente del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, para atajar este abuso sobre el patrimonio público natural y para hacer cumplir las normas urbanísticas más básicas», han zanjado.
Qué le corresponde a cada Administración
Según el colectivo ecologista, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares debe garantizar la legalidad urbanística, pero «es incapaz de hacer cumplir algo tan básico como evitar estas ocupaciones de suelo no urbanizable, sobre espacios que se inundarán y que, además, son parcelas de propiedad municipal».
«Abren expedientes de ilegalidad, informes técnicos, informes de policía local, informes jurídicos que, al menos desde abril de 2020, no han servido para conseguir la retirada y recuperación de los suelos«, afean los ecologista.
Al tiempo, la plataforma considera que la consejería de Medio Ambiente debe «conservar y gestionar los espacios protegidos». El Jarama en San Fernando es «un valioso ecosistema del Parque Regional del Sureste y de la Red Natura 2000», y la actitud de la Administración regional se limita a «rebotar» las denuncias que recibe.
Por último, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) es la institución encargada de conservar el Dominio Público Hidráulico. «La legislación de aguas reserva a la CHT la inspección y conservación de las riberas», esbozan. Sin embargo, su intervención se limita «a poner sanciones sin más pretensiones».
En este estado de cosas ya no sorprende que algunos de los ocupantes de estas parcelas reclamen que se les presten servicios, como el suministro de agua potable. Es el problema de dejar que los contenciosos se enquisten en el tiempo.
