La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han mantenido este miércoles una reunión en la que han abordado la vulneración de derechos en Cañada Real, con especial atención a los niños y niñas que residen en el asentamiento.
Durante el encuentro, en el que han participado también el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y el comisionado de Ciudad, Pedro del Cura, ambas administraciones han coincidido en que «los derechos fundamentales de los niños y niñas en la Cañada Real deben respetarse y las administraciones públicas deben trabajar para ello».
La ministra Rego ha defendido además la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda digna para la población vulnerable de la Cañada Real en el marco del pacto regional y entre las diferentes administraciones implicadas a través de la creación de un consorcio.
«Nos comprometemos a impulsar la colaboración entre Gobierno, Ayuntamiento de Rivas, el resto de administraciones y las entidades vecinales para garantizar unas condiciones dignas para la infancia”, ha enfatizado la ministra de Juventud e Infancia.
Agilizar la solución para la Cañada Real
La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, ya defendió hace unos meses la necesidad de poner en marcha este consorcio, figura regulada en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, que permite a varias administraciones públicas actuar de manera coordinada y con una gestión eficiente para abordar competencias de interés común.
“El Consorcio hace posible que la solución a Cañada se agilice para garantizar el derecho a una vivienda digna cuanto antes, al tiempo que también se garantiza el suministro eléctrico hasta que finalice el conjunto de realojos”. Según Castillejo, la creación de este consorcio asegurará una gestión más eficaz de los recursos destinados a la Cañada Real.
Actualmente, en los sectores 4 y 5 de la Cañada, situados en el término municipal de Rivas, hay suministro eléctrico, aunque con problemas puntuales debido a la sobrecarga de la red por cultivos ilegales así como por el incremento poblacional debido al efecto llamada.
Para coordinar las acciones en la zona, el Ayuntamiento constituyó la mesa vecinal de Cañada, donde las asociaciones que representan a vecinos y vecinas, así como las entidades que intervienen, junto al Comisionado de Ciudad, ponen en común los problemas del día a día.
Acelerar el Plan de realojos
“No podemos permitir que estas situaciones sigan perjudicando a las familias. Necesitamos recursos y una gestión coordinada que el Consorcio puede ofrecer”, insistía la alcaldesa hace unos meses.
El Consorcio tendría como prioridad acelerar la ejecución del plan de realojos establecido en el Pacto Regional de la Cañada Real, que cuenta con una dotación de 330 millones de euros para los próximos diez años.
Este plan, que se está desarrollando con la coordinación de todas las administraciones, es clave para garantizar el derecho a una vivienda digna de las familias que residen en uno de los mayores focos de exclusión social de Europa.