El municipio de Pinto sigue viendo cómo crece el número de viviendas ‘okupadas’ ilegalmente en la localidad. La Concejalía de Vivienda y Servicios a la Ciudad, con datos del ministerio, llamadas al 112 y en base a la plataforma de afectación por la ocupación y portales inmobiliarios, tiene ya una cifra de pisos usurpados.
De esta manera, según los datos, el Gobierno local de Pinto (PP y Pinto Avanza) cifra en el 3,5% el montante global de viviendas que «están okupadas ilegalmente en cualquiera de sus vertientes». Serían unas 122 casas.
Pinto fue uno de los primeros municipios en poner límites al empadronamiento libre de personas en domicilios. Tras el acuerdo con Vox para sacar adelante el presupuesto de este año, el Ejecutivo de Salomón Aguado condicionó los empadronamientos a que los solicitantes presentasen alguna documentación, como el título de propiedad o contrato de alquiler.
Las denuncias de colectivos
Actualmente, según las denuncias de varios colectivos, una persona que entre en un piso sin autorización podría empadronarse en el municipio con el fin de retardar su desahucio.
Curiosamente, en algunos municipios españoles los requisitos exigidos son ambiguos o inexistentes. Además, un ayuntamiento no puede negarse al empadronamiento puesto que esta acción solo acredita que se trata de la vivienda habitual, no de la propiedad de la misma. Por eso, no es necesario presentar ningún título de propiedad o de arrendamiento.
Primera jornada sobre la okupación
Como medida complementaria, la concejalía ha organizado la primera jornada sobre ‘Okupación Cero’, con el objetivo «de dar voz y visibilizar este problema, que genera preocupación social y una innegable y evidente sensación de inseguridad en la ciudadanía», según la edil.
«El equipo de Gobierno combate los delitos y la okupacion lo es. Por eso celebramos esta jornada con expertos en leyes y seguridad, con testimonios de quienes han sufrido esta lacra y como un espacio para, entre todos, poner fin a las okupaciones». Son declaraciones a Noticias para Municipios de la Concejalía de Vivienda y Servicios a la Ciudad, María Jesús Pérez.
Así, expertos en materia legal y seguridad, como Esther Mateos, letrada de despacho Abogados Lasarias SLP, y Moisés Iglesias, Subinspector de la Policía Local, así como testimonios de aquellas personas que sufren o han sufrido esta lacra, han participado en las jornadas.
La edil ha sido la encargada de dirige este acto, que se ha convertido en un «espacio para la acción y la reflexión, para que los vecinos hayan podido profundizar más sobre este asunto que nos afecta a todos, además de dar voz a quienes lo padecen y herramientas para evitarlo».
En ese sentido, María Jesús Pérez ha vuelto a recordar que en Pinto existe un correo electrónico para ayudar en estos casos, además de los canales habituales con Policía Local de Pinto y Guardia Civil.
El alcalde: «Pinto cree en la legalidad»
Por su lado, Salomón Aguado, que ha destacado la celebración de esta jornada «por primera vez en nuestra ciudad no como una consigna vacía, sino como una declaración firme de principios«.
«Porque Pinto -ha agregado- es un municipio que cree en la legalidad, en la convivencia pacífica y en el respeto mutuo. Y porque no podemos mirar hacia otro lado cuando se vulneran derechos tan importantes, como el derecho a la propiedad, a la seguridad y a la tranquilidad de nuestras familias».
El regidor ha insistido en que «la okupación ilegal de viviendas no es solo un problema jurídico, es un delito», y ha detallado las medidas que, dentro de las escasas competencias del Ayuntamiento de Pinto en la materia, se están desarrollando, como en el endurecer los empadronamientos y obligar a presentar títulos jurídicos válidos, como escrituras de propiedad, contratos de alquiler vigentes o recibos que demuestren su condición legal de ocupantes, y formar a la Policía Local de Pinto en la materia.
Asimismo, el alcalde pinteño ha reclamado al Gobierno central «derogar esa nefasta Ley de Vivienda, que desprotege a los legítimos propietarios y da alas a los okupas», poniendo en marcha medidas como el desalojo exprés en 24 horas, endurecer las penas por usurpación, agilizar los procesos judiciales para que el propietario no tenga que soportar largos procedimientos para recuperar su inmueble y proteger a las comunidades de vecinos.
Por su parte, el Portavoz del Gobierno municipal y Concejal de Seguridad, Fernando González, ha incidido en el compromiso del Ayuntamiento de Pinto por «trabajar decididamente para acabar con esta lacra, apoyar a los propietarios y también asistir a cualquier familia vulnerable».
