La portavoz del Grupo municipal de Podemos Parla, Carla E. Valero, ha trasladado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el contrato del encierro taurino financiado con dinero público en las últimas fiestas patronales de septiembre y que supuso la salida de la formación ‘morada’ del Gobierno local con el PSOE y Más Madrid.
Según los documentos a los que ha accedido Noticias para Municipios, la formación pide a la Fiscalía investigar varios aspectos de este contrato.
La adjudicación ascendió a 14.900 euros más IVA y recayó sobre la asociación cultural ‘Parla Taurina’. También presentaron ofertas otras dos empresas: Ofetauro Sur (por 15.900 euros más IVA) y ‘Toros Tierra de Campos’ (por 16.500 euros más IVA).
Sin firmas ni sellos
La denuncia especifica que, en el expediente de adjudicación, no consta ninguna firma manuscrita ni sello de las empresas ofertantes. Es más, Podemos quiere que se investigue también si la asociación ‘Parla Taurina’ estaba habilitada para este tipo de operación comerciales.
Según la denuncia, se desconoce si en «sus estatutos figura la compra-venta de animales de lidia, puesto que es una actividad mercantil».
Más allá de eso, Podemos también reclama que se investiguen los vínculos de este colectivo adjudicatorio con personal de confianza del Partido Socialista. La formación considera que un cargo de confianza de Cultura sería familiar directo de uno de los fundadores y gestores de ‘Parla Taurina’.
Además, pide que se compruebe la veracidad de una información del diario digital El Confidencial, según la cual, una de las tres empresas que presentaron propuesta económica jamás habría realizado esta oferta.
En este contexto, el gerente de ‘Toros Tierra de Toros’ habría negado haber presentado oferta, según el rotativo digital.
Diligencias de investigación
La denuncia pide también a la Fiscalía Anticorrupción que se «practiquen diligencias de investigación para la comprobación de los hechos por si fueran constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento público, tráfico de influencias u otro tipo de delitos».
Valero ha declarado a Noticias para Municipios que «básicamente se trata de dar transparencia». «Desde Podemos hemos hecho todo lo posible. Hemos pedido la comisión de investigación y no se ha convocado. A nivel legal el siguiente paso era que se realice una investigación legal y se tomen medidas», ha zanjado.
En varias ocasiones, el Gobierno local (PSOE y Más Madrid) ha asegurado que esta contratación fue totalmente legal, y que dio respuesta a una reivindicación ciudadana.
