(AMPLIADA A LAS 10:45 HORAS) El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su presunta aplicación en la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid.
El procedimiento que se sigue en este juzgado no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes, según ha informado la asociación ‘7.291: Verdad y Justicia’.
En la causa se juzga la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal, por la aplicación de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, que bloquearon presuntamente el traslado de residentes a los hospitales.
En la causa también están citados a declarar como “querellados” tres altos cargos de Ayuso. Además de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo -investigados también por otro juzgado de Madrid- acudirá el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza.
Carlos Mur y Francisco Javier Martínez fueron los encargados de realizar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19. Mur era director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, mientras que Peromingo ocupó este mismo cargo cuando Mur fue cesado.
Investigada la geriatra de enlace del Severo Ochoa
La cuarta investigada es, según la asociación, la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Todos ellos prestarán declaración el 17 de junio.
El próximo martes, a partir de las 10.00 horas, declararán como testigos cinco personas, entre ellas el ex consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero.
El mismo día testificarán más testigos. Uno es Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid.
Y el otro, Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como ‘asesor principal’ de Ayuso para la lucha contra la pandemia. También comparecerán en el juzgado las dos querellantes.
Declaraciones «especialmente relevantes»
Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia consideran «especialmente
relevantes estas declaraciones». «En el caso de Reyero -han sentenciado- porque podrá explicar de primera mano cómo fueron desatendidas todas sus peticiones para ayudar a los residentes enfermos».
Mientras, los colectivos creen que «Abarca Cidón podrá aportar datos clave para demostrar que la Consejería de Sanidad sólo envió a los hospitales privados a los residentes que tenían seguro médico privado».
Por su parte, Burgueño elaboró un Plan de lucha contra la Covid que contemplaba la medicalización de las residencias y que «no fue puesto en práctica».
