El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente una medida para intentar controlar la subida de la vivienda. El plan pasa por destinar 1.300 millones de euros del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para poner en el mercado 15.000 viviendas al año.
Se trataría de viviendas modulares, basadas en la industrialización que se pondrían en marcha durante la próxima década, a razón de 15.000 al año.
Sin embargo, la medida ha pecado de escasa credibilidad, merced a los anuncios de los últimos años. Y es que, en 2023, el Ejecutivo de Sánchez anunció la construcción de «183.000 viviendas en diez años».
Uno de los dirigentes que ha cuestionado e incidido en esta propuesta de Sánchez es el acalde de Leganés, el ‘popular’ Miguel Ángel Recuenco. «¿15.000 viviendas al año? ¿Industrializadas? ¿Dónde, cuándo, cómo?», se ha preguntado el regidor. Tras ello, ha manifestado que «Sánchez sigue en modo ‘PowerPoint’».
«¿15.000 viviendas al año? ¿Industrializadas? ¿Dónde, cuándo, cómo?. Sánchez sigue en modo ‘PowerPoint’»
Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés
En este punto ha contrapuesto la situación que se vive en Leganés, donde a su juicio, «no hay promesas vacías». El regidor ha apuntado a las «3.800 viviendas, planificadas», que se levantarán en futuro barrio ‘Puerta de Madrid’, junto a Leganés Norte y al otro lado de la Carretera de Circunvalación Norte.
‘Puerta de Madrid’, la nueva propuesta urbanística
Hace unos meses, el Gobierno local de Leganés anunció el inicio de los trámites para crear el nuevo barrio. Ubicado entre Leganés Norte (Ronda Norte) y la M-40 y el arroyo Butarque, esta franja residencial se levantará sobre 1 millón de metros cuadrados.
De esta cantidad, 400.000 metros serán para «zonas verdes y espacios libres». El resto se destinará a suelo residencial, a dotaciones y a terciario (comercio y oficinas).
De las 2.800 viviendas, 1.500 serán de renta libre en sus diversas variantes, y otras 1.500 en régimen de alquiler «de la tipología del Plan VIVE de la Comunidad de Madrid».
Por último, otras 800 viviendas serán de protección pública, «tanto básica como limitada», según el primer edil. Pese a los números, colectivos como la Federación local de Asociaciones de Vecinos (FLAV) cuestionó este proyecto al considerar que serán constructores los que se beneficiarán y la Comunidad de Madrid la que decidirá cómo será el modelo de vivienda.
