El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegurado este lunes en un acto con el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, que éste cuenta con «autonomía» para decidir si aplica en su municipio la tasa de basuras.
El anuncio del alcalde leganense de no aplicar la tasa este año al menos hasta ver cómo se desarrolla esta implantación y no tener constancia de sanciones si no se aplicaba levantó críticas hace unas semanas. Incluso desde la Comunidad de Madrid se instó a todos los ayuntamiento a aplicarla aunque «no lo compartan».
Hoy, parece que ha habido un giro en el planteamiento. De hecho, el consejero ha visitado Leganés para presentar el proyecto de un autobús sin conductor y, a preguntas de los medios, se ha pronunciado sobre la polémica.
«Es una imposición que nos ha generado un gran problema y cada alcalde tiene la autonomía de hacer lo que considere oportuno. El error -ha agregado- está en intentar engañar a todos los ciudadanos cuando no había una obligación específica por parte de Europa para implantar un nuevo impuesto a los madrileños. Y los ayuntamientos, a través de esa ley, tienen que hacer lo que consideren oportuno», ha zanjado.
«Es una imposición que nos ha generado un gran problema y cada alcalde tiene la autonomía de hacer lo que considere oportuno«
Jorge Rodrigo, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid
La decisión de Leganés llevó recientemente al delegado del Gobierno, Francisco Martín, a alertar en un acto en la ciudad de que la Ley hay que cumplirla y que «nadie está por encima» de ella.
Una «competencia municipal»
La visión de Recuenco es diametralmente diferente. «Al final, las ordenanzas municipales es una competencia municipal y yo me debo a lo que diga el pleno municipal y éste ya se ha pronunciado», ha señalado.
El regidor se refiere con ello a la comisión que esta misma semana quedará constituida para estudiar detalladamente la aplicación de la tasa.
Hace unos meses, la moción que propuso la constitución de la Comisión exigía un plan nacional de «las nuevas infraestructuras necesarias», así como «un estudio de impacto pormenorizado» para determinar los costes de este servicio. Además, alegaba que la directiva europea «no impone a los estados miembros la obligación de aplicar la tasa». Es uno de los principales argumentos del regidor.
