LEGANÉS / 11 FEBRERO 2014 / La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Laura Oliva ha denunciado que el cierre de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada “trae causa directa” de la “apertura ilegal” de la instalación de la distribuidora de esta empresa en Leganés.

 “Hoy tenemos una instalación ilegal en Leganés que no ha generado ni un nuevo empleo para sus vecinos y una fábrica a punto de cerrar en Fuenlabrada, mientras que el presidente (Ignacio) González y el alcalde (Jesús) Gómez se hacen los suecos”, ha explicado para añadir que, al entender del PSM, “el cierre de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada trae causa directa de la apertura ilegal de la instalación de la distribuidora de esta empresa en Leganés”. 

 

Oliva se pronunciaba así durante la sesión de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda celebrada  en el Parlamento regional, donde ha preguntado al Gobierno regional por la situación en la que se encuentra el desarrollo del Parque Científico y Tecnológico ‘Tecnoleganés’.

 

En este sentido, ha recordado que este parque tecnológico en Leganés fue gestado durante las épocas de gobierno socialista en la localidad, que fue “boicoteado” cuando la ex presidenta de la región, Esperanza Aguirre, llegó al poder y que ahora, con el gobierno local del PP, se ha reactivado, pero a su entender, “demasiado tarde” y con un “espíritu antagónico” al que inspiró su creación.

 

En este punto, Oliva ha explicado que esta operación no se podía llevar a cabo al encontrarse en trámite el planeamiento urbanístico de la zona en la que se pretendía instalar la empresa, lo cual impedía conceder la correspondiente licencia de obras. 

 

“Por lo que eligieron un atajo -ha continuado- y en junio de 2012, a petición del Ayuntamiento, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba la urgencia y el interés general del proyecto de creación de una nueva plataforma logística de distribución en los terrenos del Consorcio”.

 

Y es que, según la socialista, “no había motivación, ni urgencia” para proceder, cuando, además, sólo estaría habilitado para realizar las obras el Consorcio, cuando quién las realizó fue Imbisa mediante financiación de Casbega, un privado. 

 

“Hay que recordar que la licencia derivada del acuerdo del Consejo de Gobierno no puede transmitirse desde el Consorcio a un privado, ya que su tramitación se ha realizado en base a un presunto interés público y urgencia”, ha apuntado.

 

De esta manera, Oliva ha asegurado que el Consorcio de Legatec, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento favorecieron una implantación industrial privada en un sector con su planeamiento en tramitación, lo que constituye una “auténtica desviación de poder” y que bajo una “presunta legalidad” se ha encubierto la instalación de una empresa privada, que es la auténtica promotora del proyecto, y que desde agosto de 2013 está trabajando sin la correspondiente licencia municipal de funcionamiento.

 

Por último, Oliva ha exigido al Ejecutivo de Ignacio González que “ejerza” para que no se cierre la fábrica de Fuenlabrada y no para beneficiar que se instalen empresas “ilegalmente” en Leganés, al tiempo que ha pedido a los populares que defiendan a los trabajadores “por una vez y no sólo a las empresas”.

 

DAVID CASTILLEJO