El alcalde aplazará el rescate de La Cubierta hasta llegar a un acuerdo con el concesionario

 La empresa ha rebajado sus exigencias de 30 a 10 millones de euros por ceder la gestión

 
LEGANÉS / 14 MARZO 2014 / El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, admitió en el último Pleno ordinario que el Ayuntamiento está negociando con el concesionario de la plaza de toros La Cubierta, Julio Torres de ‘Asuntos Taurinos y Espectáculos SA’, para recuperar la gestión del coso, tras los incidentes de las últimas fiestas cuando, por falta de acuerdo, se produjo la suspensión de los encierros taurinos.
 
Tras ello, los responsables municipales han estudiado dos vías: la de la negociación y la de la recuperación forzosa (rescate) de La Cubierta. 
De momento, se ha impuesto la primera, ya que, según desveló el regidor en la sesión plenaria, el empresario ha bajado sus pretensiones económicas.
 
De esta manera, Torres ha dejado de pedir 30 millones de euros (la mitad en metálico y la otra mitad, en suelo) además de 140.000 euros por la celebración de las ferias taurinas en fiestas, y está estudiando rebajar sus exigencias a 10 millones de euros, todo en “suelo”.
 
“Negociar significa que la pretensión inicial de ese señor deberá hacer alguna cesión”, explicó Gómez durante la interpelación que le hizo el portavoz de ULEG, Carlos Delgado.
 
Así las cosas, el alcalde ha manifestado que estos cálculos serían correctos, ya que el coste de 10 millones es coincidente en varias “valoraciones técnicas” que maneja el Ejecutivo local.
 
El Ayuntamiento esperará, pues, a que avancen las negociaciones y se llegue a un acuerdo. Pero no es su única opción: según Gómez, la segunda alternativa (“más arriesgada”) es la de rescatar la gestión por incumplimiento del pliego de condiciones. 
 
DENUNCIA 
 
Se trata de una alternativa más compleja y que permitiría al Ayuntamiento hacerse con el control del coso taurino… al menos durante dos años. ¿Por qué? Porque con esta opción, presumiblemente el adjudicatario denunciaría el caso en los Tribunales de lo Contencioso-administrativo. Y, previsiblemente, el asunto entraría en un contencioso judicial largo en el que, además, el Consistorio no lleva todas las de ganar.
 
Esta fórmula se traduciría en que el Ayuntamiento se quitaría el problema “uno o dos años, pero cuando el Tribunal se pronuncie, igual nos da la razón o igual, no”, ha advertido Gómez, quien apostilló que su “responsabilidad como alcalde es no ir dejando a las Corporaciones siguientes bombas que estallan y que suponen al final millones de euros”.
 
DAVID CASTILLEJO

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