El mayor problema de un ayuntamiento no es la carencia de dinero para financiar un servicio. El problema real viene cuando, una vez cobrado el montante, hay que devolverlo. Paso con el impuesto de la Plusvalía y podría pasar con la tasa de recogida y tratamiento de residuos, la polémica tasa de basura a la que, según el Gobierno central, obliga la Unión Europea.
Leganés ha sido el primer municipio en declararse contrario a establecer este nuevo tributo. Y lo hace desde una perspectiva de cautela. Porque cree que la escasa consistencia jurídica del nuevo impuesto podría forzar a los ayuntamientos a devolver lo cobrado en caso de denuncias de los ciudadanos en los tribunales. Ya pasó con el impuesto de la Plusvalía municipal, y podría repetirse.
El alcalde de Leganés, el ‘popular’ Miguel Ángel Recuenco, ha sido el primer regidor en anunciar que no aplicará la tasa al menos este año. Considera que no hay una obligación impuesta desde Europa y que no habría consecuencias para quien no la aplique. Este posicionamiento le costó las críticas del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien dijo que habrá «consecuencias», y, según algunos medios nacionales, también de su propio partido, el PP.
«Europa no habla de tasas nuevas. Es una interpretación que ha hecho el Ministerio de Sostenibilidad sin siquiera tener el apoyo de Hacienda. Nadie habla de insumisión: es una chapuza y para evitar males mayores, necesitamos prudencia jurídica»
Carlos Delgado, portavoz de ULEG y primer teniente de Alcalde de Leganés
Una «chapuza», según ULEG
Pese a todo, el Gobierno leganense (PP y Unión por Leganés) parece tenerlo claro. Desde ULEG, el portavoz y primer teniente de Alcalde, Carlos Delgado, insiste en que la aplicación de la nueva tasa es «una chapuza». Además, apunta a otra fatal consecuencia: que haya que devolver dinero por parte de los ayuntamientos una vez se ha cobrado si sentencias judiciales a raíz de las denuncias ciudadanas.
«Es política y jurídicamente insostenible», esboza Delgado a preguntas de Noticias para Municipios. Por ello, considera que lo mejor «es ser prudente y ver cómo se desarrolla todo».
En este punto, el edil de Gobierno considera que la Ley «no ofrece refuerzo técnico para aplicar la nueva tasa sin que la tumben en los tribunales». «No ofrece garantías jurídicas a los ayuntamientos», mantiene.
«Como pasó con la Plusvalía, habrá sentencias no muy lejos porque no tiene encaje legal. Y todo lo que se cobre, se tendrá que devolver«
Carlos Delgado, portavoz de ULEG y primer teniente de Alcalde de Leganés
Delgado alude a lo que ocurrió con la Plusvalía, donde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos varios de los artículos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales relativos a este impuesto. «Como pasó con la Plusvalía, habrá sentencias no muy lejos porque no tiene encaje legal. Y todo lo que se cobre, se tenga que devolver. Aquí ya hay un pasado con historia, con vecinos a los que dieron la razón los tribunales», asegura.
Hasta 200 euros por vivienda
En Leganés, la nueva tasa supondría un pago anual de 150 a 200 euros por vivienda. El Ejecutivo de Recuenco considera que los vecinos ya tienen suficiente con el incremento del IVA en la luz y en los productos básicos. No hay por qué cargarlos en impuestos, más aún cuando el Ayuntamiento ya tiene otros mecanismos para financiar la recogida, traslado y tratamiento de residuos.
«Creemos que lo más razonable es esperar», esgrime Carlos Delgado. En cuanto a las advertencias del delegado del Gobierno, el primer teniente de alcalde le ha instado a que informe de cuáles serían las «consecuencias». «La Ley de Haciendas locales dice que, antes del 15 de octubre, hay que tener un presupuesto en los ayuntamientos. Pero, sobre la práctica, muy pocos lo tienen o deciden prorrogarlos por falta de apoyos. Y, ¿cuál es la consecuencia?», explica.
Además, Delgado apela a las dificultades de algunos ayuntamientos a la hora de aprobar la ordenanza en Pleno, como en Leganés, donde se gobierna en minoría. «Creo que también hay que respetar la soberanía de los ayuntamientos. Si no, que la tasa la hubiese implantado el Estado», zanja.
Europa, promotora de la tasa
Leganés ya anunció que no aplicará la tasa y, presumiblemente, se mantendrá en este posicionamiento. Aunque sus munícipes admiten que la UE ha respaldado el axioma de que ‘quien contamina, paga’, creen que eso «no implica poner una tasa nueva».
«Europa -argumenta Delgado- no habla de tasas nuevas. Es una interpretación que ha hecho el Ministerio de Sostenibilidad sin siquiera tener el apoyo de Hacienda. Nadie habla de insumisión: es una chapuza y para evitar males mayores, necesitamos prudencia jurídica. Hay que esperar y actuar con seguridad jurídica», sentencia el portavoz de ULEG.
