Puertas averiadas, vestuarios diminutos, un helipuerto clausurado y hasta un camión sin una de sus puertas. Así describe el Sindicato de Bomberos el estado del parque de Getafe, al que califica como el peor de toda la Comunidad de Madrid, mientras la región prepara una subida del 70% en la tasa de extinción de incendios que pagan los vecinos del municipio.
Dieciocho años de retraso en el nuevo parque
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha denunciado que el parque acumula años sin inversiones a la espera de un nuevo edificio que, según advierte, tampoco cumplirá los plazos prometidos por el Gobierno regional. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había anunciado el inicio de las obras para el último trimestre de este año, pero trámites pendientes —como el estudio arqueológico— amenazan con retrasarlas de nuevo.
“No nos merecemos que se nos mienta, que se nos engañe y, sobre todo, que no se nos proporcione unas condiciones mínimas y dignas para poder trabajar”, ha afirmado Israel Naveso, representante del Sindicato de Bomberos.
Naveso explica que, tras años de promesas, ahora se han enterado de que falta “mucha documentación” a nivel administrativo, lo que podría retrasar el inicio de las obras hasta mediados del año que viene. Entre las reivindicaciones del colectivo figuran puertas averiadas desde hace meses, un gimnasio insuficiente, falta de espacio para el material, vestuarios pequeños, incumplimientos en el almacenamiento de las chaquetas, el hundimiento del espacio exterior, la inexistencia de una sala de estar y un helipuerto clausurado por no cumplir la normativa.
Una tasa que sube un 70% en plena polémica
El Gobierno municipal llevará al Pleno de septiembre la subida de la tasa de extinción de incendios que la Comunidad de Madrid ha decidido de forma unilateral. Con el nuevo importe, Getafe pasará de pagar 3.000.000 de euros anuales a más de 5.200.000 euros. El Ayuntamiento recuerda además que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón el pasado enero al Sindicato de Bomberos en su denuncia contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por desviar unos 40 millones de euros de las primas de las aseguradoras entre 2019 y 2023, y que ese dinero debe destinarse solo a inversiones.