La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada para revertir la cesión al Ejecutivo regional del inmueble situado en el cerro de La Cantueña. En este enclave, el Gobierno autonómico está realizando obras para adecuarlo como espacio de recepción de menores migrantes.
Según defiende la Comunidad de Madrid, el inmueble tiene «titularidad» regional y «no puede ser revertido por el Consistorio fuenlabreño, ya que no ostenta su propiedad».
Responde así el Ejecutivo autonómico al paso dado por el Gobierno local esta semana. La Junta de Gobierno acordaba resolver la cesión al entender que incumple el convenio de 21 de diciembre de 1999. En éste se estipulaba su uso como un espacio de difusión ambiental y que «debía redundar en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada».
El Consejo de Gobierno aprobase 18,7 millones de euros para este centro de menores extranjeros que contará con 96 plazas.
Sucedía días más tarde de que el Consejo de Gobierno aprobase 18,7 millones para este centro de menores extranjeros que contará con 96 plazas. El centro ha sido un punto de choque constante con el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE). El regidor se ha opuesto al mismo criticando el modelo y asegurando que se busca crear un «contenedor» de menores.
Este miércoles, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico tiene «el mandato legal» de atender a los menores extranjeros.
Incumplimiento del convenio
Fuenlabrada sostiene que «incumple los usos previstos por el planeamiento urbanístico vigente». Los informes jurídicos del Ayuntamiento han rechazado las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid. Estos no reconocían la titularidad municipal del centro, adjudicándola al Consorcio Urbanístico Cerro de la Cantueña.
El Consorcio «no existe desde hace años»
Un consorcio que, según defiende el Consistorio, «no existe desde hace más de 20 años», remitiéndose para ello al portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Dichos informes señalan «documentos y referencias expresas», defiende, del «reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la titularidad municipal de dicho centro».
El Gobierno municipal insiste en que el proyecto de «macrocentro» para menores no acompañados «incumple tanto el convenio de cesión del espacio como las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de Servicios Sociales».
