El alcalde de Coslada, el socialista Ángel Viveros, ha asegurado que los ayuntamientos socialistas no permanecerán «impasibles» ante la «inacción» de la Comunidad de Madrid en la aplicación de las zonas tensionadas de vivienda en los municipios.
El regidor ha participado en la última reunión de la comisión de alcaldes por la vivienda. Once mandatarios han acordado ya el texto base que servirá para la iniciativa legislativa popular que quieren llevar a la Asamblea de Madrid.
Así, el objetivo es que sean los propios ayuntamientos los que puedan declararse como zonas tensionadas de viviendas. Esto les permitiría topar los precios de los alquileres del mercado privado.
«Queremos que exista la posibilidad real de actuar sobre el mercado inmobiliario para facilitar una vivienda digna y asequible a los vecinos»
Ángel Viveros, alcalde de Coslada
«Queremos que exista la posibilidad real de actuar sobre el mercado inmobiliario para facilitar una vivienda digna y asequible», ha señalado el primer edil.
Modificación de la Ley del Suelo regional
Los alcaldes buscan esta modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad ante la negativa del Gobierno regional de declarar las zonas tensionadas. La Administración regional se muestra contraria al considerar que topar los alquileres lo único que haría sería disparar los precios.
Mientras, la comisión de alcaldes, por su parte, tiene una visión totalmente diferente. «La vivienda es un derecho y no un negocio. Y no nos quedaremos impasibles ante la inacción del Gobierno regional del PP. Facilitar el acceso a la vivienda es prioritario y esta propuesta van en ese sentido», ha señalado Viveros.
Tras el trámite, el texto de los alcaldes irá a Pleno para su aprobación. En el caso de Coslada, tendrá lugar en la sesión ordinaria de noviembre el día 12.
A la Mesa de la Asamblea de Madrid
De esta manera, una vez esos documentos sean aprobados en las sesiones plenarias de noviembre de cada localidad, se procederá a elevar la iniciativa a la Mesa de la Asamblea de Madrid.
Los alcaldes y alcaldesas han coincidido en la necesidad de que salga adelante esta propuesta con el objetivo de que las Administraciones públicas puedan
cooperar a la hora de intervenir en el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía.
