La Fiscalía de Área de Alcalá de Henares solicita dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El Ministerio Público ha solicitado la apertura de juicio oral tanto para la regidora como para el director de Comunicación del Ayuntamiento por la difusión de un informe de la Policía Local relacionado con dos denuncias por agresiones sexuales que fueron vinculadas a migrantes alojados en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares.
Además de la inhabilitación, la Fiscalía reclama para cada uno 16 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, lo que supone 7.200 euros.
El escrito de acusación supone un nuevo paso en la causa después de que el juez instructor ya acordara el pasado mes de julio continuar el procedimiento y propusiera juzgar a ambos por este presunto delito. En la causa, el PSOE ejerce como acusación popular.
«Hay que salvar a la presidenta»
Los hechos se remontan al 17 de enero de 2024, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo referencia, tras un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Alcalá, a la investigación de varias agresiones sexuales presuntamente cometidas por migrantes alojados en el CAED. Aquellas afirmaciones fueron posteriormente desmentidas por la Delegación del Gobierno.
Según el relato de la Fiscalía, a las 14.17 horas de aquel día Piquet llamó al jefe de la Policía Local para solicitar información sobre las agresiones sexuales a las que había hecho referencia Ayuso y, concretamente, sobre unos hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2023.
La alcaldesa pidió que esa documentación fuese aportada a la Junta Local de Seguridad que iba a celebrarse esa misma tarde.
A las 16.50 horas, el jefe de la Policía Local acudió a Alcaldía para participar en la reunión y, tras el requerimiento de Piquet, le entregó el informe policial correspondiente a aquella incidencia.
Es entonces cuando, según sostiene la Fiscalía, la alcaldesa fotografió el documento. Cuando el director de Comunicación se incorporó a la conversación, Piquet le habría mostrado la imagen y pronunciado la frase: «¿Ves?, hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa, hay que trasladar esto a Madrid».
La Fiscalía sostiene que enviaron el informe a Alfonso Serrano
El escrito de acusación mantiene que ambos investigados, «puestos de común acuerdo» y con conocimiento del carácter reservado del documento, remitieron la fotografía al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.
Al día siguiente, 18 de enero, Serrano publicó la imagen del informe policial en su cuenta de X.
Según recoge la Fiscalía, se realizaron dos publicaciones. La primera alcanzó 15.300 reproducciones y la segunda llegó a 56.300.
El Ministerio Público considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 417.1 del Código Penal.
La Fiscalía pide que se abra juicio oral
El escrito llega después de que el juez encargado de la instrucción acordara continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado y propusiera llevar a juicio a Piquet y al director de Comunicación por la presunta filtración.
Ahora es la Fiscalía la que solicita formalmente la apertura de juicio oral ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares.
Como pruebas propone, entre otras, el interrogatorio de los dos acusados, las declaraciones de agentes de la Policía Local y la de Alfonso Serrano, además de diferente documentación incorporada durante la investigación.
La petición de la Fiscalía no supone una condena. Será el tribunal el que, si finalmente se celebra el juicio, determine si se produjo el delito de revelación de secretos y la posible responsabilidad penal de los acusados.
