Desde el Gobierno municipal se alega que las Administraciones Locales están cumpliendo ampliamente con sus compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno
MÓSTOLES/ 14 DICIEMBRE 2017/ El Pleno municipal, celebrado este miércoles, ha solicitado la eliminación de los límites que ha impuesto el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía como políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad y políticas destinadas a la Juventud, entre otras.
En la misma se indica que las Administraciones Locales están cumpliendo ampliamente con sus compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno.
Según señala la moción, “el Gobierno lleva años sometiendo a las entidades Locales a un estricto control presupuestario y económico, mediante la regulación de diferentes aspectos que, prácticamente, han dejado a los ayuntamientos sin posibilidad de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad demandados por los ciudadanos”.
El conjunto de las Corporaciones Locales registró en 2016 una disminución del gasto del 1,2 %, lo que ha supuesto el cumplimiento de la regla de gasto en el presente ejercicio, ya que la tasa de variación que se permite es del 1,8 %.
En Móstoles, los incumplimientos en la liquidación de 2106 fueron puntuales, al tener que reconocerse las deudas provenientes de las expropiaciones de hace más de 12 años. Si no se hubiesen reconocido estas deudas, el Ayuntamiento de Móstoles no hubiera incumplido la regla de gasto. Es más, su capacidad de financiación hubiera sido de en torno a 17 millones de euros.
Asimismo, el Pleno de Móstoles apela a que se pongan en marcha mecanismos para que las Administraciones Locales puedan modificar los planes de ajuste que se aprobaron en 2012 y 2013, con el objetivo de establecer otros criterios de ahorro, incremento de ingresos o reducción de gastos a los aprobados en su día, siempre en el marco del equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo de dichos planes.
