El Consejo Social de la Ciudad de Móstoles ha emitido un informe favorable al proyecto presentado por el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, para la modificación de la ordenanza que regula el impuesto de plusvalía y su adaptación a la nueva legislación.
El Real Decreto-ley 26/2021 de 8 de noviembre establece que los Ayuntamientos que tienen el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ajusten las ordenanzas fiscales a su contenido.
Decreta dos nuevos métodos de cálculo de la base imponible del impuesto, que el ciudadano podrá elegir en función de cuál le beneficie más, y exime del pago de la plusvalía en aquellos casos en los que el precio de compra del inmueble sea superior al de venta. Esto permitirá que la determinación del impuesto refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario.
El Consejo Social de la Ciudad de Móstoles es un órgano de participación ciudadana que preside la alcaldesa, Noelia Posse, y está formado por representantes de todos los grupos políticos, de organizaciones empresariales y comerciantes, por los sindicatos, y representantes del mundo de la Educación y la Cultura, las Juntas de Distrito, los Consejos Sectoriales y las Organizaciones de consumidores.
Su principal función es debatir y crear propuestas que ayuden a mejorar la vida de las mostoleñas y mostoleños. Sus dictámenes son preceptivos y no vinculantes. La modificación de la ordenanza municipal que regula la plusvalía será votada en el Pleno de la Corporación Municipal el próximo 6 de abril.
Ley Nacional
El Consejo de Ministros aprobó en noviembre pasado el Real Decreto-ley con el que se adapta el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a la sentencia del Tribunal Constitucional y que establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficio.
De esta manera, los ciudadanos podrán optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria o podrán decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.
En el caso de que el contribuyente no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda, quedará exento de pagar este impuesto, según ha explicado la portavoz. El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición se tomará el que sea mayor de entre el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva facultad que se otorga a los ayuntamiento.