En octubre de 2021 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicaba por más de 20 millones de euros el contrato para la reforma del edificio principal del Hospital Universitario de Móstoles, así como la construcción de un nuevo edificio de consultas externas y de urgencias anexo.
Además de una reforma integral del centro sanitario, construido en los años 80, el proyecto incluía un nuevo edificio del Hospital, de siete plantas, para albergar las Consultas Externas, el servicio de Urgencias, el de Radiodiagnóstico y un aparcamiento, todo ello en 18.600 metros cuadrados.
El nuevo edificio se iba a levantar en el espacio ocupado actualmente por el parking y contaba con el apoyo de profesionales de las áreas de Medicina y Enfermería. Los trabajos iban a arrancar ese mismo año y se prolongarían durante 25 meses.
Sin embargo, el proyecto ha encallado. La Comunidad de Madrid ha autorizado la resolución del contrato para las citadas obras, unos trabajos que estaba previsto que culminaran en 2023 pero que apenas han comenzado.
El contrato fue adjudicado en octubre de 2021 a la UTE Barroso Nava y Compañía y COMSA S.A.U por importe de 20.571.977,85 euros (IVA incluido) y firmado con fecha 16 de noviembre por el entonces viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Sin embargo, «ante el notorio incumplimiento» por parte de la UTE «de la obligación contractual principal», es decir, «la ejecución de la obra, en tiempo y forma», el Gobierno regional ha decidido resolver el contrato.
Un proyecto «muy complejo»
Tras un proceso «muy complejo que, por la cantidad de informes y trámites necesarios, exige mucho tiempo de desarrollo», la Comunidad ha aprobado así la resolución del contrato.
La justificación son «los sucesivos retrasos por parte de la constructora, que no inició la ejecución de la obra y exigía modificaciones del contrato que no podían ser asumidas por la Consejería de Sanidad», además de tener pendientes todavía las licencias municipales para empezar las obras.
De hecho, más de dos años después, las obras prácticamente no han arrancado. La UTE, que llegó a pedir la suspensión de las obras e interpuso recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la inadmisión de su petición de resolución de contrato, alegó la inviabilidad de la obra por causas técnicas al entender que el proyecto al que debería atenerse planteaba soluciones técnicas inadecuadas.
Según este informe, la contratista propuso que la central eléctrica que debería dar ser servicio al hospital fuera ejecutada en el patio del centro, al exterior del nuevo edificio, en lugar de integrarla en él a través de una primera fase, como estaba proyectada, lo que supondría ejecutar toda la demolición y la construcción del edificio en una única fase posterior.
Unos cambios que, según la UTE, obligarían a tramitar un modificado al haber resultado ampliadas sustancialmente las unidades de obra a ejecutar, «aunque inicialmente la propia contratista indicó que con ello se simplificaban y abarataban los trabajos», según señala Comisión Jurídica Asesora en este informe.
Este paso permite a la Administración la licitación de un nuevo contrato. Según han indicado a Noticias para Municipios fuentes del Ejecutivo, este proyecto se está rehaciendo «buscando las mejores fórmulas e incluyendo nuevas zonas del hospital».