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La Comunidad de Madrid deberá devolver 34 millones de euros a la empresa Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa, propiedad de la constructora OHL), encargada del fallido proyecto del tren de Móstoles a Navalcarnero, tras una sentencia en contra de las sanciones impuestas en febrero de 2016 por “incumplimiento de la obligación de ejecutar la totalidad de las obras”.

Según ha avanzado el diario El País, el Gobierno regional ha recibido una nueva sentencia en su contra que le obliga a devolver algo más de 18 millones de euros a la constructora, lo que, sumado a otra decisión previa, obligará a devolver los 34 millones de euros que el Ejecutivo liderado entonces por Cristina Cifuentes impuso a Cemonasa.

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Los hechos se remontan al año 2009, cuando las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a Cemonasa, bajo un presupuesto de 369 millones de euros.

Tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010 y, en junio de 2015, tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato.

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaba en septiembre de 2017.

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Obras del tren Móstoles-Navalcarnero

Sentencias desfavorables

Sin embargo, en vistas de que la compañía no había retomado las obras, en julio de 2017, el Gobierno regional, que entonces estaba presidido por Cristina Cifuentes, ordenó finalmente la resolución del contrato por incumplimiento culpable de Cemonasa, orden que ya anuló el TSJM hace varios meses.

Además, en octubre de 2018, el Ejecutivo regional reclamó en una nueva orden a Cemonasa el pago de 355 millones de euros por haber paralizado el proyecto, orden que, como la anterior, también ha declarado nula al entender que un juez de lo Mercantil ya había aprobado el inicio de la fase de liquidación de Cemonasa.

Ahora, la justicia ha fallado de nuevo en favor de Cemonasa, por lo que el Gobierno regional tendrá que devolver, por el momento, los 34 millones de euros que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes le cobró a la concesionaria entre ejecución de sus avales y penalizaciones por no terminar el recorrido.

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