La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha señalado que Móstoles es «la séptima ciudad de España en demandar vivienda» cuando en la localidad «hay decenas de viviendas vacías destinadas a la especulación».
Así lo ha resaltado este martes en una visita a la ciudad, donde ha mantenido un encuentro con la edil y candidata de Podemos a la Alcaldía de Móstoles, Mónica Monterreal, y con otros militantes y simpatizantes que se han interesado por las necesidades de la población mostoleña en torno al acceso a la vivienda.
Jacinto ha insistido en que, según datos de la ‘Oficina antidesahucios’ de la ciudad, una media de «10 vecinos al día solicitan información sobre sus derechos porque perciben riesgo de perder su hogar», lo que convierte a Móstoles en «la séptima ciudad de España en demandar vivienda».
«Es una problemática que, como ocurre en el total de la Comunidad de Madrid, asola sobre todo a la juventud del municipio, que asiste a una alarmante escalada de precios de los alquileres y que retrasa la edad de emancipación hasta los casi 30 años», ha añadido Jacinto en su intervención.
Además, la candidata regional de Podemos ha hecho hincapié en que esto sucede cuando «en Móstoles hay decenas de viviendas vacías destinadas a la especulación», por lo que ha reiterado la necesidad de poner en marcha «una política de vivienda proactiva con el objetivo de sacar viviendas al mercado».
«Nuestra propuesta, al contrario que la de Ayuso, es prohibir, es limitar la compra de vivienda a extranjeros no residentes, siempre y cuando no sea la primera vivienda, en la Comunidad de Madrid«, ha detallado Jacinto, una medida que avanzaba este martes en una intervención en la Asamblea de Madrid.
Desde Podemos explican que esta medida «se está aplicando ya con éxito en países de la UE como Dinamarca, Malta o Austria», y que «hace menos de un mes ha entrado en vigor en Canadá» mientras que, «más cerca, en Baleares, se estudia también su aplicación».
Un impuesto municipal
Por otro lado, Jacinto ha avanzado «tres medidas clave que tendrían su traducción a nivel municipal»: la creación de «un Impuesto a la Vivienda propiedad de los fondos buitre»; destinar lo recaudado «a la compra de vivienda barata, reformada»; y más «mecanismos de control público a disposición de la ciudadanía».
«Si los especuladores que acumulan el grueso de la vivienda vacía continúan sin sacarla al mercado, la pagan. Si, por el contrario, sacan dichas viviendas en alquiler, se bonificarán al 50%. Pero va más allá: si las ofrecen en alquiler social, ni siquiera se pagaría el impuesto», ha explicado sobre la primera medida.
En segundo lugar, propone proceder «a la compra de vivienda barata, reformada posteriormente con los fondos recaudados», la cual «se destinará a alquiler social, algo que ya se está haciendo en la Comunidad Valenciana».
«¿Cómo gestionaremos todo esto? A través de la creación de una inmobiliaria pública que sirva de intermediaria gratuita entre propietarios e inquilinos, enfocada, sobre todo, en que los inquilinos no tengan que pagar los honorarios de las agencias privadas», ha añadido.
Esta inmobiliaria pública, además, garantizaría que «asuma las garantías que ahora mismo exigen los propietarios (como la fianza), que gestione el alquiler de la vivienda pública y también el de todas las viviendas que los propietarios pongan a su disposición».