Este servicio de atención de urgencia estará disponible de 09:00h a 14:00h en el teléfono 636 100 692

MÓSTOLES/ 17 MARZO 2020/ El Ayuntamiento de Móstoles ha decidido poner a disposición de la ciudadanía un teléfono de atención psicológica para todo el que lo necesite ante la situación de alto estrés emocional y de ansiedad que puede provocar la actual emergencia sanitaria por el coronavirus y la obligatoriedad de permanecer dentro de las viviendas.

Este servicio de atención de urgencia, habilitado por la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores, estará disponible de 09:00h a 14:00h en el teléfono 636 100 692 para que todos los ciudadanos y profesionales que requieran atención de carácter psicológico puedan tener asesoramiento.

Es una manera de reforzar las habilidades y destrezas psicológicas con el apoyo de especialistas para poder enfrentarse, además de a la situación de aislamiento, a cuestiones tales como la conciliación con el teletrabajo o la atención a personas dependientes o vulnerables, entre otras cosas.

El Comité Municipal de Seguimiento del Coronavirus se ha vuelto a reunir esta mañana para analizar la situación y las medidas que se están adoptando en la ciudad y han hecho una valoración muy positiva de la respuesta y el civismo que están mostrado los ciudadanos de Móstoles.

En total desde que empezó la Policía Municipal ha tenido que tramitar hasta 86 denuncias a ciudadanos

Más multas

Por otro lado, desde el Comité Municipal de Seguimiento del Coronavirus –que hoy han decidido suspender la totalidad de las comisiones y sesiones del Pleno- se ha valorado “positivamente la respuesta y el civismo” que están mostrado los ciudadanos.

Aun así, en total desde que empezó la Policía Municipal ha tenido que tramitar hasta 86 denuncias a ciudadanos que estaban incumpliendo las restricciones establecidas por el Decreto de Alarma, dos de ellas a vehículos que no poseían autorización para circular.

Por eso, recuerdan que saltárselo puede acarrear multas que van desde los 600 euros y que, en los casos más graves, en los que se ponga en riesgo muy grave la salud y seguridad de la población, podrían ser sancionables con entre 30.001 y 600.000 euros.