El Ayuntamiento había pedido que se investigara si en la ciudad se aplicó el protocolo que impedía derivar a ciertos residentes al hospital

MÓSTOLES/ 27 NOVIEMBRE 2020/ El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha inadmitido a trámite la denuncia formulada por el Ayuntamiento de Móstoles contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por los presuntos “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria a los mayores de las residencias en la pandemia.

El Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por PSOE y Podemos, pidió a mediados de junio que se investigara si en las residencias de mayores de gestión privada y pública autonómica de la localidad se llegó a aplicar el protocolo que determinaba qué enfermos tenían derecho a ser atendidos en los hospitales y cuáles no.

Desde el Consistorio entendían que, si se demostraba que existió un documento/protocolo para evitar que determinados residentes fueran derivados al hospital, podría existir “un presunto delito de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas y otro presunto delito de omisión del deber de socorro”.

Ahora, el TSJM ha inadmitido a trámite la denuncia, en primer lugar, por adolecer ésta de la necesaria precisión, “al faltar absolutamente la identificación de quienes hayan fallecido o de a quienes se les haya excluido o no permitido ir a un hospital”, según señala el auto, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM insiste en que, la denuncia efectuada contra el consejero de Sanidad y contra todos aquellos que a resultas de la investigación pudieran ser responsables, nos sitúa ante “una reclamación que tiene un marcado carácter prospectivo o de causa general”.

Llama la atención al respecto que el Ayuntamiento de Móstoles no haya podido recabar datos concretos (de fallecidos y/o excluidos), al menos en las residencias de su término municipal, a través de sus servicios sociales o por denuncias o comunicaciones que les hayan podido hacer llegar de familiares de fallecidos”, añade.

Según la resolución, la falta de identificación “impide conocer, a su vez, si el posible fallecimiento ha tenido como causa la covid-19 (recordemos que la denuncia se refiere a la primera fase de la pandemia) o si se ha debido a otras causas, y si una derivación, o mejor dicho, la falta de ella, es causa de dicho fallecimiento”.

Al desconocerse y no identificarse por tanto a las víctimas o perjudicadas por su hipotética aplicación, no se puede establecer el nexo causal entre la conducta que se imputa al denunciado y el resultado ilícito”, subraya el auto, que no es firme, ya que cabe la interposición de recurso de súplica ante esta misma Sala.

Residencia de Mayores Juan XXIII

Protocolo “no irrazonable”

Además, el segundo de los motivos por el que los magistrados inadmiten a trámite la denuncia del Ayuntamiento de Móstoles es que, tras el examen de los protocolos redactados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la información que de ellos puede extraerse, estos “no pueden tacharse de irrazonables”.

“Los protocolos tienen unos objetivos, generales y secundarios, que no pueden tacharse de irrazonables a la vista del fenómeno de la pandemia que empezaba a sufrir el país, con un total desconocimiento de su entidad y el modo de enfrentarlo, y que ya desde el principio, empezó a encender las luces rojas sobre el posible desbordamiento del sistema sanitario y asistencial”, aseguran.

Por ello, afirman que “el simple examen de los protocolos no determina, necesariamente, que se hayan producido resultados lesivos para los derechos de los residentes, en la medida en que desconocemos quiénes han podido ser perjudicados por la aplicación directa de los citados protocolos”.

Por último, la resolución recuerda que no corresponde a los tribunales de justicia “la incoación de causas generales, ni el desarrollo de investigaciones prospectivas”, y que los hechos que tienen relevancia penal “no son los genéricos o académicos, sino los que reflejan una conducta ilícita que vulnere un bien jurídico tutelado de un sujeto determinado”.

La denuncia planteada pone de relieve una realidad por desgracia contrastada: el fallecimiento de un gran número de personas residentes en centros de mayores, pero no aporta, más allá de poder ser una opinión o hipótesis, que dicho resultado sea consecuencia de un protocolo emitido por la Consejería de Salud”, concluye.

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