El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el último recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia que declaraba nula la resolución de contrato efectuada por el Gobierno regional ante la paralización de las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero.

Según ha avanzado ‘Vozpópuli’, el Supremo ha tumbado el recurso presentado ante la resolución del TSJM, que rechazó la indemnización de 356 millones solicitada por el Gobierno regional a Cemonasa, filial de OHL, por las obras inacabadas.

De esta manera, la filial de OHL, que se adjudicó el proyecto del nuevo trazado ferroviario, no tendrá que pagar finalmente la indemnización de 356 millones de euros que reclamaba la Comunidad de Madrid por la resolución culposa del contrato, que ya fue declarada nula en diciembre de 2020 por el TSJM.

En su providencia, fechada a 7 de octubre, el Supremo asegura que el escrito de la Comunidad de Madrid «adolece de falta de justificación suficiente y adecuada de que las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución recurrida».

Por este motivo, el magistrado inadmite a trámite el recurso de casación, última vía que tenía la Comunidad de Madrid para que se resolviera a su favor este contencioso-administrativo iniciado en julio de 2017 por la entonces presidenta regional, Cristina Cifuentes, ante el abandono del proyecto por parte de OHL.

Obras del tren a Navalcarnero/ Ayto. Móstoles

Paralizado desde 2010

Los hechos se remontan al año 2009, cuando las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a Cemonasa, filial de OHL, bajo un presupuesto de 369 millones de euros.

Tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010 y, en junio de 2015, tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato.

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaba en septiembre de 2017.

Sin embargo, en vistas de que la compañía no había retomado las obras, en julio de 2017, el Gobierno regional, que entonces estaba presidido por Cristina Cifuentes, ordenó finalmente la resolución del contrato por incumplimiento culpable de Cemonasa, orden que el TSJM declaró nula y que ahora el Supremo confirma.

Además, en octubre de 2018, el Ejecutivo regional reclamó en una nueva orden a Cemonasa el pago de 355 millones de euros por haber paralizado el proyecto, orden que, como la anterior, también ha declarado nula al entender que un juez de lo Mercantil ya había aprobado el inicio de la fase de liquidación de Cemonasa.

Aparte de declarar nulas las órdenes de la Comunidad de Madrid, recientemente el Gobierno regional ha recibido otra sentencia en su contra que le obliga a devolver los 34 millones de euros que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes cobró a la concesionaria entre ejecución de sus avales y penalizaciones por no terminar el recorrido.

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