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El partido independiente Unión por Leganés (ULEG) ha alertado de que el Tribunal Supremo podría tumbar el cobro de tributos como el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) -incluida la subida de 2020– o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en la localidad al carecer el Ayuntamiento de un Tribunal Económico Administrativo.

Se trata de un órgano requerido para los grandes municipios desde 2003, un organismo para la resolución de reclamaciones económico-administrativas.

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La formación ha anunciado que llevará el asunto al próximo Pleno, después de que el alto tribunal «esté evaluando la nulidad de la liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyos ayuntamientos han incumplido con la obligación como municipios de gran población (caso de Leganés) de establecer un tribunal económico-administrativo local». Así ha ocurrido con los Consistorios de Santander y Alicante.

Este órgano evitaría al ciudadano tener que acudir desde un primer momento a la Justicia, ya que el tribunal estaría habilitado para resolver los contenciosos. «Sin embargo -recuerda ULEG-, en Leganés no existe este instrumento, pudiendo verse
afectado por la decisión del Tribunal Supremo de anular la recaudación tributaria, lo que podría tumbar -advierte- el cobro de impuestos como el IBI, el IAE, la plusvalía o diversas tasas».

Reglamento local

En el caso leganense, según recuerda la formación, el propio Reglamento Orgánico Municipal, en vigor desde 2009, establece en su artículo 167 a la Oficina Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas como órgano de gestión económica financiera del Ayuntamiento.

La fachada lateral del Ayuntamiento (a la izq.), en una de las calles que da a Plaza Mayor (Foto: D.G.Castillejo)

El partido ha cuestionado que la ausencia del tribunal «es otra clara muestra de que el gobierno de Leganés no hace nada por modernizar la administración, ni cumplir las normas vigentes, lo que se traduce -mantiene- en una caótica gestión económica que tiene entres sus “méritos” ser el tercer ayuntamiento de Madrid que más tarda en pagar a los proveedores (una media 63,42 días) aún disponiendo de hasta 50 millones de euros de superávit».

En este punto, ha recordado que empresas adjudicatarias de servicios municipales -como Kidsco, que gestiona la Escuela Infantil Rosa Caramelo, o Viten Seguridad, encargada de la vigilancia de los edificios municipales- «no pueden pagar a sus trabajadores por no recibir ingresos del Ayuntamiento de Leganés desde el mes de septiembre».

El alcalde, Santiago Llorente, admitió retrasos en los pagos pero manifestó, recientemente, que las nóminas se pagaban prácticamente de manera puntual.

ULEG instará en el Pleno a que se examine la repercusión de la posible decisión del Tribunal Supremo. De igual forma, ha anunciado que «está estudiando llevar a la Justicia cómo puede afectar esto en la subida ilegal del IBI del año 2020».

El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha declarado que su formación «una vez más defenderá el cumplimiento de la legalidad y la protección de los derechos de los vecinos del pasotismo de un alcalde y un PSOE que han abandonado la ciudad».

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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