El alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE), ha defendido este martes la compra de mascarillas en marzo de 2020 al precio de 10 euros la unidad y ha asegurado que la denuncia en la Fiscalía de Getafe-Leganés interpuesta por Unión por Leganés (ULEG) tiene «un objetivo político» para «generar sospechas» y «meter a todos en el mismo saco de posibles corruptelas».

Llorente ha asegurado que se trató de mascarillas de máxima protección FFP3 que se destinaron a los profesionales del Hospital Severo Ochoa en el peor momento de la pandemia, con una compra realizada a través de la Fundación Juan Muñoz y sin «comisionistas ni intermediarios».

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De hecho, ha considerado que es «vergonzoso» que, ahora, se lleve a Fiscalía este caso, al hilo «de otros casos donde sí parece que ha habido comisionistas», según ha explicado en clara alusión a la mediación y las comisiones millonarias de Luis Medina en la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid en pandemia. «Nos intentan meter a todos en el mismo saco», ha sentenciado.

«Esto solo tiene un objetivo claramente político para intentar parecer que hay personas que se han llevado dinero y meter en el mismo saco de posibles corruptelas a otros que hemos gestionado con toda transparencia», ha declarado.

Tras conocerse que ULEG ha presentado la denuncia contra el regidor, Llorente ha comparecido ante los medios para explicar que se «encuentra muy tranquilo».

En su relato, ha contado que el Ayuntamiento respondió a una llamada de auxilio del Hospital Severo Ochoa ante la falta de medios de protección cuando en la localidad morían diez personas cada noche por la Covid. Era un momento, ha recordado, en que no había material, ni llegaban los aviones desde Oriente.

Según ha explicado, junto con otros alcaldes de España encontró una fórmula para adquirir estas mascarillas. Fue a través de la Fundación Juan Muñoz, que tiene «un carácter social». Al tratarse de una compra para «otra Administración», el Consistorio no pudo realizar la adquisición. «No teníamos posibilidad legal», ha precisado.

Así, se adquirieron mascarillas FPP3 a 10 euros la unidad por importe de 40.000 euros con el objetivo de cederlas a los profesionales del hospital leganense. «Estoy tranquilísimo, y si las hubiese encontrado a 14 euros, también las habría comprado», ha aseverado con rotundidad Santiago Llorente. Tras ello, ha justificado la medida: «Era un momento en Leganés donde cada noche morían diez personas y los hospitales no tenían una mísera mascarilla para atender a los vecinos».

Llorente, esta mañana, ante los medios de comunicación.

Expertos que asesoraron

Para la elección del material, el primer edil ha asegurado que se buscó a expertos que asesoraron sobre las mascarillas elegidas, con apoyo del servicio de Prevención de Riesgos del propio Severo Ochoa. «Hemos ido buscando a gente que sabía de esto para que no nos diesen gato por liebre», ha zanjado.

Es más, el regidor ha confirmado que el «pago siempre se realizó una vez que se recepcionaba el material» y que «los test (que se adquirieron para el Severo Ochoa) se abonaron después de que el hospital comprobara que eran fiables».

Mientras, ha manifestado que ULEG -el denunciante- «tiene toda la información» sobre las donaciones y compras de las mascarillas, y que en su día se invitó a todos los vecinos y entidades que realizaron aportaciones económicas a comprobar en qué se había destinado el dinero. «Esto solo tiene un objetivo político, para generar sospechas ahora que se acercan elecciones», ha apostillado el regidor.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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