Según el sindicato CGT, la sentencia obliga al Ayuntamiento a indemnizar a la demandante
LEGANÉS / 3 AGOSTO 2020 / El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado el “despido improcedente” de una trabajadora que, durante un año, realizó labores de conserje en un inmueble público de Leganés y que fue contratada merced al Programa de Reactivación e Inserción Laboral, según ha informado el Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid de CGT.
Según el sindicato, el Ayuntamiento “deberá indemnizar” a la trabajadora, en una sentencia firme que ratifica los términos en que se expresó el Juzgado de lo Social número 26 cuando se produjo la denuncia.
La trabajadora ingresó a través del sistema de ‘Programas de Cualificación y Activación Profesional’, dirigidos a personas desempleadas de larga duración, la mayoría familias monoparentales o mayores de 45 años, para desempeñar puestos de trabajos en formación.
Sin embargo, según argumentó CGT, con este programa “en realidad se cubren puestos de trabajos concretos, porque falta personal”. Además, mantiene que el contrato es un año y el sueldo “no llega ni a la mitad de lo que cobra un trabajador o trabajadora municipal”.
El juzgado de lo Social número 26 falló, en julio de 2019, a favor de la demandante, y el Ayuntamiento presentó Recurso de Suplicación. En abril de 2020, el TSJM dictó sentencia favorable a la demandante, y dejó claro que “el Ayuntamiento debería haber utilizado o bien el contrato de obra o servicio determinado o bien otro que se ajustara al trabajo a realizar, pero siempre dentro de la regulación estatal”.
Funciones
Según el Alto Tribunal, la mujer desempeñó el puesto de conserje en un colegio público, “funciones permanentes que no responden a ninguna especificidad y carecen de autonomía y sustantividad, y no constituyen una obra o un servicio susceptible de inicio y finalización, por su carácter continuo y habitual”.
El sindicato ha señalado que, pese a la dilación del procedimiento, “lo importante es que queda acreditado que el Ayuntamiento ha estado utilizando los ‘Programas de Inserción Laboral’ como forma de contratar mano de obra barata, mientras recibía las correspondientes subvenciones para formación”.
“Y utiliza -según ha agregado- a trabajadoras en grave situación de vulnerabilidad para ocupar puestos de trabajo estables, con modelos de contratación claramente fraudulentos”.
