Los ‘populares’ creen que se trata de “un proceso con evidentes indicios de irregularidad”
LEGANÉS / 15 NOVIEMBRE 2020 / El Partido Popular de Leganés ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el alcalde, Santiago Llorente (PSOE), si se consuma finalmente la recolocación en el Ayuntamiento de cuatro trabajadores de la empresa municipal de Comunicación ‘Leganés Gestión de Medios’ (LG Medios), que el Pleno ha aprobado disolver.
Según ha informado el PP de Madrid, los empleados de esta empresa pública podrían pasar a ser plantilla municipal según la propuesta que hizo Llorente, con sueldos que alcanzarían en algunos casos los 45.000 euros brutos anuales.
Según el PP, “se trata del enchufe de cuatro empleados de la empresa municipal de comunicación LG Medios, que el Gobierno local del PSOE ha convertido en un chiringuito de propaganda del alcalde y que ahora pretende disolver después de haberla arruinado”.
A juicio de los ‘populares’, se trataría de “un proceso con evidentes indicios de irregularidad que el PP denunciará ante la justicia si finalmente se consuma este abuso, en el que existe un absoluto desprecio por la legalidad”.
En este punto, el portavoz del PP local, Miguel Ángel Recuenco, ha manifestado que “con más de 13.000 parados que tiene Leganés y con un drama sanitario, social y económico sin precedentes, es vergonzoso que el alcalde socialista sólo piense en enchufar a sus estómagos agradecidos con generosos sueldos que pagarán todos los vecinos”.
Nóminas
Según ha trascendido, las nóminas que percibirán los empleados, una vez sean reubicasos como personal laboral, alcanzarán en determinados casos los 45.700 euros al año.
“Son trabajadores que accederán al Ayuntamiento ‘por la puerta de atrás’, sin haber superado ningún tipo de examen y a través de una a por los tribunales de justicia en
municipios como Fuenlabrada”, han sentenciado desde el PP.
Justificación del Ejecutivo
Mientras, durante las últimas semanas, el Ejecutivo municipal (PSOE y Más Madrid-Leganemos) defendió el proceso de liquidación y lo justificó por la dificultad que tenía el Gobierno para aprobar la subvención anual a la empresa pública, lo que hizo, por ejemplo, que este año los empleados estuvieran varios meses sin percibir su nómina.
Además, consideró que el hecho de consolidar estos puestos de trabajo respondía a una política de “no dejar abandonado” a ningún trabajador. Mientras, sindicatos del Ayuntamiento, como CC OO, han cuestionado este proceso frente a otros que se mantienen paralizados.
